La auditora PwC entregará todos los documentos exigidos por el juez del caso BBVA-Villarejo

El lunes pasado el juicio que investiga la relación del BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que pagó 10,28 millones, dio un giro inesperado. La declaración de perito-testigo de la consultora PwC, Javier López Andreo, que ha dirigido la investigación de millones de documentos del banco, por orden de ...

El lunes pasado el juicio que investiga la relación del BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que pagó 10,28 millones, dio un giro inesperado. La declaración de perito-testigo de la consultora PwC, Javier López Andreo, que ha dirigido la investigación de millones de documentos del banco, por orden de la entidad, provocó un visible enfado del fiscal anticorrupción Ignacio Stampa. Este ejecutivo afirmó que no estaba dispuesto a entregar toda la información que tenía en su poder por el deber de secreto con su cliente. El juez, Manuel García-Castellón, intervino a continuación para decirle a Andreo que si no entrega los documentos solicitados, podría acusarle de desobediencia y le dio un plazo de siete días para enviar toda la información, pese a que PwC pidió 14.

Días después, en PwC, una de las cuatro grandes firmas del sector de la auditoría, han llegado a la conclusión de que deben entregar todo lo que les ha pedido el fiscal y el juez del caso BBVA-Villarejo. Según fuentes conocedoras del caso, en PwC creen que cualquier otra postura sería muy difícil de defender y, además, el riesgo de la imputación es más que evidente. No hay que olvidar que el auto del juez, decía textualmente que estaba “bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial”. Este caso ha provocado mucha expectación en el mundo jurídico y auditor. Gonzalo Quintero, catedrático de derecho penal, recuerda que el artículo 460 del Código Penal obliga a testigos y peritos a no ocultar documentación ni información relevante que esté en su poder.

Pero PwC ha actuado como investigador contrato por el despacho Garrigues, que junto al de Uría y Menéndez, constituyen la defensa del BBVA, imputado como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos a Villarejo por trabajos de espionaje.

Y al mismo tiempo el BBVA ha enviado un escrito en el que ofrece al juez los 233 correos para que los analice y solo incorpore al sumario los que considere relevantes para la causa. Si se entregaran todos, el banco cree que se vulnerarían sus derechos porque contienen “secretos o información confidencial que no aporta nada nuevo relevante”. Es decir, el BBVA no quiere que los 233 correos acaben en el sumario y lo justifica porque le perjudicaría en su defensa de otros juicios en los que está inmerso.

Despachos internos de Francisco González

La negativa a entregar estos correos, de los que 49 afirma que ya están en poder del juez, ha disparado el interés por conocer su contenido. En el sumario consta un escrito del BBVA donde apunta que entre estos documentos están “notas de despachos internos entre el responsable de los Servicios Jurídicos”, Eduardo Arbizu, que fue despedido del banco con indemnización, “y el presidente del banco” en 2018, es decir, Francisco González.

El BBVA afirma que estas notas “son posteriores a mayo de 2018″, fecha en la que se destapó el caso y en la que se inició la primera investigación interna en el BBVA, “por lo que están fuera de scope”, del ámbito de la actuación, “y contienen información que afecta al derecho de defensa de BBVA en todos los procedimientos, junto a muchas otras páginas de información altamente reservada que no tiene relación alguna con los hechos investigados”.

Otros correos son “despachos de la Dirección de Servicios Jurídicos sobre asuntos jurídicos contenciosos y tablas sobre facturación de despachos externos a los Servicios Jurídicos contenciosos”, según el BBVA. Los ficheros también son “anteriores a mayo de 2018. Se trata de documentos que resultan irrelevantes para la investigación”, indica la entidad.

Análisis de las noticias de prensa

Sin embargo, “la mayor parte de los ficheros son documentos generados en los años 2018 (a partir de mayo) y 2019 y son “notas y análisis sobre las informaciones de prensa y los documentos sobre Cenyt encontrados en el banco, en que intervienen los abogados internos de BBVA y en ocasiones también abogados externos”, apunta la entidad. También “notas sobre la estrategia de comunicación de BBVA ante las noticias publicadas”.

El banco sostiene que “es evidente que todos estos documentos son irrelevantes para el forensic de PwC y deben considerarse fuera de alcance”, por lo que “la aportación al Juzgado de todos estos documentos atentaría gravemente contra el derecho de defensa de BBVA”, ya que son “confidenciales y reservados”.

Entre estos ficheros figuran algunos archivos con información sobre cuentas bancarias “del entorno de Ausbanc y que proceden del procedimiento judicial sobre Ausbanc. Estos ficheros sí son susceptibles de aportación”, dice la entidad. Por último, otros son “comunicaciones entre los abogados internos del BBVA y comunicaciones de estos últimos con abogados externos amparados por el privilegio legal (por el secreto profesional de los abogados)”.

Revisados el 10% de los ficheros seleccionados

Además de los 233 correos de la disputa, algunas acusaciones han pedido tener acceso a los 13 millones de ficheros que inicialmente seleccionó PwC; posteriormente se hizo una criba mayor y quedaron 2,3 millones y, de ellos, se analizaron 249.275, el 10%. Entre lo que reclaman tener ver estos millones de datos está Luis Pineda, junto con el grupo formado por Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero y Osma y Vicente Benedito, considerados líderes del grupo hostil, capitaneado por Sacyr, que trató de tomar el control del BBVA en 2004. Entre estos correos no vistos están los de Carlos Torres, presidente del banco, que quedó fuera del foco de la investigación.

El BBVA se niega a facilitar los datos porque supondría unir “a las actuaciones millones de ficheros o hits, que no son otra cosa que millones de correos electrónicos y documentos de los buzones y ordenadores de empleados de BBVA, la inmensa mayoría sin relación con el objeto de la instrucción (falsos positivos), para que las partes personadas en este procedimiento puedan acceder a ellos libremente (y leerlos, y realizar, en su caso, su propia revisión)”. El banco sostiene que “la petición es inviable porque colisiona frontalmente con la ley y los derechos fundamentales de las personas afectadas por esos ficheros”.

También asegura la entidad que “entre esos emails y documentos habrá muchos que reflejen la estrategia de defensa del banco en este y otros procedimientos, operaciones mercantiles y negocios de la entidad de naturaleza reservada y confidencial”.