Los bancos prestan 36.000 millones a empresas y autónomos con avales del ICO hasta mayo

El Gobierno aprueba el tercer tramo de líneas con garantías públicas de 24.500 millones con una parte que cubre emisiones de pagarés de compañías no financieras

Captura de la señal institucional de Moncloa de la ministra Portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. EFE/Moncloa **SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS**EFE

El Ministerio de Asuntos Económicos asegura en una nota que “con los últimos datos disponibles, hasta el domingo 3 de mayo las empresas españolas han recibido 36.190 millones en financiación a través de la Línea de Avales. En las seis semanas que lleva el programa funcionando, se han beneficiado 269.843 empresas, que han recibido avales por importe de 27.510 millones de euros”. Como el Ejecutivo ha puesto dos tramos en el mercado por 40.000 millones, todavía quedan 12.500 millones en avales sin asignar, a lo que se debe sumar el tercer tramo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a ...

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El Ministerio de Asuntos Económicos asegura en una nota que “con los últimos datos disponibles, hasta el domingo 3 de mayo las empresas españolas han recibido 36.190 millones en financiación a través de la Línea de Avales. En las seis semanas que lleva el programa funcionando, se han beneficiado 269.843 empresas, que han recibido avales por importe de 27.510 millones de euros”. Como el Ejecutivo ha puesto dos tramos en el mercado por 40.000 millones, todavía quedan 12.500 millones en avales sin asignar, a lo que se debe sumar el tercer tramo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a otro tramo de avales del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 24.500 millones de euros para créditos a empresas, pymes y autónomos afectados por el impacto económico de la crisis del coronavirus.

Según el Gobierno, hasta ahora, del total de operaciones ya cerradas, el 98% corresponde a nuevos préstamos y renovaciones de autónomos y pymes, con 264.862 operaciones avaladas, por importe de 18.998 millones de euros. Estos avales han permitido que fluya financiación por más de 23.773 millones de euros.

Asimismo, se han garantizado 4.981 operaciones de grandes empresas, por importe de 8.511 millones de euros, que les han permitido obtener financiación por más 12.400 millones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha explicado que del nuevo tramo, 10.000 millones irán destinados a avalar a las empresas y otros 10.000 serán para pequeñas y medianas empresas (pymes)y autónomos.

Otros 4.000 millones serán garantías para las emisiones de pagarés de compañías no financieras que operen en el mercado de renta fija siempre que tengan su sede social en España, distinción que se establece a fin de evitar que opten a estas ayudas empresas procedentes de paraísos fiscales o que se destinen fondos públicos al pago de dividendos.

Los 500 millones restantes irán a la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una partida que “va a permitir reforzar la labor que viene desarrollando en apoyo a las empresas y aumentar la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las comunidades autónomas”.

Con esta tercera fase de la línea de avales públicos, el Gobierno ya ha habilitado 64.500 millones de euros, del total de 100.000, la mayor parte reservada para pymes y autónomos, con lo que la prioridad de proteger a este tejido "está teniendo su resultado", ha dicho Montero.

Vigilancia a los bancos ante las quejas

Respecto a las quejas de las empresas que tratan de acceder a estas ayudas, ha recalcado que el Gobierno está tratando de dar respuesta a todas las cuestiones y que las seguirá “sujetando a vigilancia y seguimiento”.

De hecho, en la nota se dice que “se refuerza la protección de las empresas y autónomos estableciendo que las entidades financieras no podrán repercutir ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos”

Por otro lado, el nuevo acuerdo de Consejo de Ministros refuerza la obligación de las empresas beneficiarias de los avales de emplear la financiación obtenida para hacer frente a las necesidades de liquidez, no pudiendo emplearla para el reparto de dividendos.

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