Endesa denuncia que el nuevo impuesto de la Generalitat a las nucleares supone una triple tributación

La instauración de un impuesto verde por parte del Gobierno catalán que grava instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones hace inviable la explotación de las centrales nucleares de Vandellós y Ascó, según sostiene Endesa, empresa que controla dichas plantas y que denuncia que ahora recae una triple imposición sobre las nucleares catalanas. Fuentes del sector consideran, además, que la decisión es inconstitucional ante lo que el Gobierno debiera presentar recurso de inconstitucionalidad, reclamación que también exigen desde el sector de telecomunicaciones.

El impuesto obligará a tri...

La instauración de un impuesto verde por parte del Gobierno catalán que grava instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones hace inviable la explotación de las centrales nucleares de Vandellós y Ascó, según sostiene Endesa, empresa que controla dichas plantas y que denuncia que ahora recae una triple imposición sobre las nucleares catalanas. Fuentes del sector consideran, además, que la decisión es inconstitucional ante lo que el Gobierno debiera presentar recurso de inconstitucionalidad, reclamación que también exigen desde el sector de telecomunicaciones.

El impuesto obligará a tributar a la producción, almacenamiento y la transformación de energía eléctrica, así como el transporte de esta o de telefonía que se realiza a través de enclaves fijos (torres eléctricas y de telecomunicaciones). Quedan al margen actividades dirigidas al autoconsumo o energías renovables y la Generalitat impide que su coste sea repercutido a los consumidores.

Para la eléctrica, que es propietaria del igual 100% de Ascó y del 85% de Vandellós 2 (Iberdrola tiene el 15%), con la aplicación de este impuesto las nucleares reciben una triple imposición sobre la generación de residuos de las centrales nucleares. Ya existen dos tipos de impuestos, el del combustible gastado (estatal) y la tasa de residuos de Enresa, la empresa que gestiona los residuos nucleares, que gravan en esencia lo mismo. Adicionalmente, la producción nuclear también está gravada por un cuarto impuesto con el mismo hecho imponible, el de la producción del 7%. Es decir, el impuesto recae sobre un hecho que ya está gravado a nivel estatal y que, por tanto, no tiene cabida en el sistema tributario español.

Según fuentes gubernamentales, tiene una finalidad meramente recaudatoria, ya que no va a revertir en las zonas teóricamente afectadas por la generación eléctrica. Además, el impuesto no tiene ni fines medioambientales ni uso para la gestión los de residuos de las centrales nucleares, añaden. Ese es el motivo que justifica que presente la inconstitucionalidad el Gobierno, que es el único que lo puede hacer.

Con esta medida, el Govern aspira a ingresar 145 millones de euros anuales (en el caso de lo que queda de 2020 serían 72 millones). De la cifra total, 120 millones corresponden a los tres grupos nucleares (Vandellós 2 y Ascó 1 y 2), instalados en la provincia de Tarragona. Endesa tendría que pagar en torno a 105 millones, por lo que es la empresa más perjudicada. El impacto mayor lo sufren las nucleares a las que se cobrará cinco euros por megavatio/hora (MWh), lo que supone que tendrán que pagar 120 millones. Los ciclos combinados, por tu parte, reciben un cargo de un euro por MWh. Además de las dos eléctricas citadas, la medida afecta a Red Eléctrica de España, por el transporte, y a Naturgy, por los ciclos combibados, además de a pequeños explotadores. También se carga sobre las torres de grandes distribuidores como Cellnex o Telefonica.

Fuentes de Endesa comentan que “la nueva imposición provoca que Ascó y Vandellós se conviertan (especialmente esta última) en las centrales nucleares que más impuestos y tasas soportan y pone en riesgo su viabilidad económica, en las actuales circunstancias y en la previsible evolución del precio del mercado eléctrico, donde irán ganando mayor peso las energías renovables”. Según esas fuentes, “la decisión de imponer mayores cargas fiscales a la generación eléctrica en Cataluña va en contra, directamente de la Transición Energética, ya que penaliza el uso de la electricidad frente a otras fuentes contaminantes, como los derivados del petróleo”. Y en el caso de la energía nuclear se penaliza a una energía libre de emisiones de gases de efecto invernadero, añaden.

Con la aprobación de este impuesto, los impuestos que soportarán las nucleares catalanas ascienden ya a 22 euros por MWh sólo en impuestos, cuando el mercado está a 10 euros MWhs a día de hoy. No sólo los ingresos no dan para pagar los costes e inversiones, sino que no da ni para la mitad de los impuestos. Con la coyuntura actual de precios, este impuesto situaría de forma estructural en pérdidas a la generación nuclear en Cataluña. Para evitar esa situación, en las bases del protocolo nuclear se acordó la no introducción de impuestos adicionales a la subida del 20% de la tasa de Enresa, empresa que se encarga de los residuos nucleares, por lo que este nuevo impuesto podría comprometer el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec), así como el protocolo firmado por las eléctricas con Enresa.

Vandellós está en riesgo especialmente por ser una central de un único grupo y donde la carga fiscal la convertiría en la más ineficiente de las nucleares a nivel nacional. Esto supone que en las actuales circunstancias de mercado, Vandellós sea la central que más dinero pierda. Por ese motivo, de no remediarse la situación, la llevaría a ser la primera que tenga que cerrarse por motivos económicos, justo al revés de como está planteado en el protocolo de las eléctricas con Enresa (la última en cerrar con Trillo en 2035), lo que pone en entredicho las bases del citado protocolo y las hipótesis del Pniec.

Otra de las consecuencias es que los ciclos combinados ubicados en Cataluña dejarán de funcionar por falta de competitividad en favor de los ciclos combinados ubicados en otras Comunidades Autónomas, según señalan fuentes del sector. “Además, la Generalitat no recaudará nada por este concepto ante la falta de funcionamiento de los ciclos combinados catalanes”, agregan. Según esas fuentes, la propuesta sensata y razonable es que la vía de financiación de las comunidades debería venir de la reclamación al Estado de una parte de la recaudación del impuesto sobre el combustible gastado, y no por la vía de incrementar la ya de por sí elevada carga impositiva de las centrales nucleares, para evitar la doble imposición y respetar lo negociado el pasado año cuando se decidió el incremento de la tasa Enresa en un 20%.