Fedea plantea una futura condonación de la deuda avalada por el Estado para las empresas afectadas por el virus

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado este lunes un estudio donde analiza el impacto de la pandemia sobre la economía y las medidas adoptadas por el Gobierno. En un estudio titulado Consideraciones sobre finanzas públicas y COVID-19: Bastantes interrogantes y algunas certezas, el organismo plantea algunas medidas que deberían contemplar las autoridades. Entre ellas, Fedea ve “aconsejable” la flexibilización de los plazos tributarios, como reclaman economistas y empresarios, pero rechaza cualquier medida de condonación general de los impuestos y cotizaciones...

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado este lunes un estudio donde analiza el impacto de la pandemia sobre la economía y las medidas adoptadas por el Gobierno. En un estudio titulado Consideraciones sobre finanzas públicas y COVID-19: Bastantes interrogantes y algunas certezas, el organismo plantea algunas medidas que deberían contemplar las autoridades. Entre ellas, Fedea ve “aconsejable” la flexibilización de los plazos tributarios, como reclaman economistas y empresarios, pero rechaza cualquier medida de condonación general de los impuestos y cotizaciones sociales porque “carece de sentido”.

El think tank patrocinado por empresas del Ibex examinan las medidas de liquidez que el Gobierno ha lanzado a autónomos, pymes y empresas ante las dificultades que provoca el parón. El Ejecutivo ha aprobado una línea de garantías públicas de hasta 100.000 millones de euros, que permitirán a los bancos ofrecer créditos con mayor cobertura. Los autores del estudio, los profesores Jorge Onrubia y Julio López-Laborda sugieren “la posibilidad de introducir a posteriori un componente de subvención a través de una condonación parcial de la deuda dependiendo de las circunstancias de cada empresa”. No obstante, aconsejan no hacer público para evitar que las empresas dejen de devolver los préstamos si esperan que ocurrirá esto.

“Para las empresas grandes, posiblemente la alternativa adecuada sería utilizar inicialmente la figura de los avales, teniendo en cuenta que la solicitud de un crédito puede ser una prueba de que el empresario necesitaba el dinero”, explican los autores. “Posteriormente, se podría establecer un sistema de subvención ex post, en el que una parte (o incluso la totalidad) de la deuda adquirida por el impacto de las medidas de aislamiento social podría ser condonada vía ejecución del aval. Para mitigar los posibles problemas de riesgo moral apuntados, las condiciones de la condonación no deberían ser anunciadas previamente”.

“Despilfarro inútil”

Fedea, además, considera un “despilfarro inútil” aprobar, en esta fase inicial de la crisis, una renta básica universal, ya que iría en parte a quien no las necesita y no ayudaría a estimular la demanda. Los autores subrayan que “medidas que hoy no valen para nada y son un despilfarro, más adelante pueden ser muy eficaces para contribuir a la reactivación”, e insiste en que, en la primera fase, las transferencias generalizadas como rentas básicas universales, “no son un instrumento adecuado para una situación como esta, pues diluyen el esfuerzo presupuestario para garantizar liquidez entre todos los ciudadanos, sin tener en cuenta si estos han perdido o no sus ingresos”. Por ello, recalca que las transferencias de rentas, tanto a familias como a empresas, deben definir para quién y para qué se dirigen, con un control posterior.

Para Fedea, durante la primera fase de la crisis, coincidente con la duración de la pandemia, los programas presupuestarios y las medidas instrumentales, como las líneas de préstamos públicos y los avales para deudas privadas, deben orientarse “prácticamente en exclusiva” a garantizar la liquidez de las empresas, societarias y personales, y a mantener niveles adecuados de renta. “Si este reto de preservar el tejido productivo y la capacidad de consumo de los hogares no se logra, el riesgo de que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, simultáneamente para las empresas y las familias y, consecuentemente, para el sector financiero y finalmente para el sector público, es muy elevado”, advierte. Eso sí, señala que también hay que cubrir las necesidades básicas de las familias, destacando que algunas medidas en esta línea ya se han comenzado a poner en marcha, incluyendo prestaciones de mantenimiento de rentas y ayudas específicas para ciertas necesidades básicas en el caso de las familias y avales para préstamos a empresas.

Alinear los impuestos con la capacidad de pago

No obstante, ve necesaria la flexibilización y ajuste a la capacidad de pago real de los mecanismos de pagos a cuenta y, por razones de gestión, cree que sería recomendable diseñar medidas de aplazamiento durante la primera fase de la crisis, bajo “contingencias verificables”, posponiendo para la segunda fase los correspondientes ajustes definitivos en función de los cambios que se hayan producido en la capacidad de pago gravada en cada impuesto. Asimismo, Fedea hace hincapié en que la focalización correcta de las medidas presupuestarias es “crucial” en la primera etapa de la crisis y considera que, aceptando que seguramente serán “insuficientes” para las empresas y hogares que lo necesitan, las transferencias generalizadas de renta serían un “despilfarro inútil” porque irían “a quienes no lo necesitan, bien porque tengan recursos, bien porque no puedan utilizarse por falta de oferta o de demanda”.

Compra de deuda del BCE

Los autores del documento, Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea) y Jorge Onrubia (UCM-ICEI y Fedea), creen que será “imprescindible” una actuación coordinada de las autoridades monetarias y fiscales, y consideran que muchas de las medidas necesarias comportarán un aumento importante del gasto público que podría en principio financiarse mediante mayores impuestos, la emisión de deuda y/o la inyección de dinero por parte de los bancos centrales. Sin embargo, creen que la primera vía resulta “poco viable” a corto plazo dada la rápida erosión que sufrirán las bases fiscales como resultado del parón de la actividad y podría tener efectos contraproducentes si dificulta la reactivación. En cuanto a la segunda, avisan de que el margen de actuación dependerá de la situación fiscal de cada país o área económica pero la capacidad de los mercados para absorber el volumen necesario de deuda sin grandes tensiones podría no ser suficiente. En el caso europeo, este problema podría darse aunque se llegue a un acuerdo para lanzar una emisión conjunta de “coronabonos” que conllevaría la mutualización de al menos parte de los costes de la crisis, por lo que, concluyen los autores, habrá que recurrir a la “monetización” de buena parte de los déficits generados por la crisis mediante la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y otros bancos emisores. “Estas instituciones, que ya han comenzado a tomar medidas en esta línea, tendrán también un papel importante que jugar asegurando la liquidez del sistema bancario y modulando sus requisitos regulatorios sin comprometer su solvencia”, añade.

Tres millones de desempleados

Por su parte, la empresa de empleo temporal Asempleo estima que la afiliación a la Seguridad Social no volverá a crecer hasta el mes de junio, y además solo de manera moderada, siempre y cuando las restricciones a la actividad finalicen a mediados del mes de mayo, que espera que el mes de abril no sea mucho mejor que el de marzo, cuando la ocupación registró una caída histórica de casi 900.000 cotizantes en la segunda mitad del mes.

El estudio señala que con el mantenimiento de condiciones restrictivas para la libertad de circulación e impedimentos graves tanto a la oferta como a la demanda, el mes de abril no será mejor, que añade que si a los datos de afiliados se le suman los de trabajadores afectados por regulaciones temporales de empleo (ERTE), “el impacto total de la fase más aguda de esta crisis podría superar los tres millones de trabajadores”.

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