La CIDH escucha la denuncia sobre concentración de medios en Perú
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó hoy los argumentos de varias organizaciones peruanas que denuncian la supuesta concentración de medios que se está produciendo en el país y sus efectos sobre la libertad y el pluralismo.
Los demandantes advirtieron hoy a la CIDH de que la supuesta concentración en torno al grupo de El Comercio en Perú puede "acallar las voces" de otros medios que no tienen el mismo poder para acceder a la publicidad, y también generar un sesgo en la información debido a "intereses corporativos".
La relatora de Libertad de Expresión de ...
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó hoy los argumentos de varias organizaciones peruanas que denuncian la supuesta concentración de medios que se está produciendo en el país y sus efectos sobre la libertad y el pluralismo.
Los demandantes advirtieron hoy a la CIDH de que la supuesta concentración en torno al grupo de El Comercio en Perú puede "acallar las voces" de otros medios que no tienen el mismo poder para acceder a la publicidad, y también generar un sesgo en la información debido a "intereses corporativos".
La relatora de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, evitó pronunciarse sobre el caso porque "está judicializado en Perú" y "se va a resolver en el ámbito interno", pero sí instó a las "otras partes que tienen un interés legítimo en este debate y que no han podido ser parte de esta audiencia" a que le informen sobre su posición.
En la audiencia pública del 150 periodo de sesiones de la CIDH celebrada hoy en Washington, el Instituto de Defensa Legal (IDL) peruano planteó su preocupación por las consecuencias de la reciente compra por parte del grupo empresarial del diario El Comercio de un importante paquete de acciones de la compañía Epensa.
El director de IDL, Glatzer Tuesta, indicó que con dicha compra el grupo editorial se adjudicó el 78% del mercado periodístico peruano, lo que "puede terminar sacando del camino a medios" incapaces de competir con la estructura comercial de ese grupo.
"Uno de los principales aspectos que vemos en toda esta operación es la capacidad que tiene este grupo de poder negociar publicidad en bloque", precisó Tuesta en declaraciones a Efe tras la audiencia.
"Cuando van a negociar con el Estado, le dicen: yo tengo el 78% de la lectoría, y pueden negociar bajándoles el precio, regalándoles bonos, etcétera. Y eso quiere decir que los que no tienen esa posibilidad de negociar, se quedan fuera de la posibilidad de acceder a publicidad estatal o privada", agregó.
Por su parte, El Comercio niega rotundamente que el grupo controle ese porcentaje del mercado y asegura que el contrato con Epensa respetó la legislación peruana y estuvo motivado única y exclusivamente por la búsqueda de sinergías empresariales.
Según dijeron a Efe fuentes de la presidencia de El Comercio, la demanda oculta el hecho de que este grupo compró el 54% de Epensa que controla sólo la parte logística, productiva y comercial de los diarios, pero no la parte editorial, que sigue siendo propiedad al 100% de la familia Agois Banchero en una nueva sociedad independiente.
"Tras la operación, el grupo El Comercio sigue manteniendo el 49% del total de los diarios que se venden en Perú; Epensa, un 28%; y el Grupo La República, un 16%", de acuerdo con estas fuentes.
Por su lado, en la audiencia de hoy, el INL que dirige Tuesta y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, que también solicitó la audiencia de hoy, mostraron su preocupación por "la propiedad cruzada de los medios de comunicación" que detectan en Perú.
El pasado noviembre, ocho periodistas peruanos interpusieron una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la operación de asociación entre El Comercio y Epensa.
Uno de los firmantes de esa demanda es Gustavo Mohme, el director del grupo La República, empresa periodística que pugnó inicialmente por hacerse con el control de Epensa.
El INL y la CNDDHH pidieron al Estado peruano que "respete y eventualmente implemente las decisiones judiciales que resuelvan casos concretos de excesiva concentración y establezcan limites propios de una sociedad democrática".
Además, solicitaron que el Estado se asegure de que hay debido proceso, "teniendo en cuenta que hay poderosas presiones políticas y empresariales" en juego.
Por su parte, el embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, subrayó que el Gobierno peruano respeta el proceso judicial en desarrollo y que el artículo 61 de la Constitución establece "la imposibilidad de concentración o monopolio de los medios" en Perú.