El presidente de Martinsa ganará nueve millones si cumple con los acreedores

Martinsa-Fadesa protagonizó la mayor suspensión de pagos en la historia empresarial española. El contrato de su presidente, Fernando Martín, incluye una cláusula que le puede garantizar hasta nueve millones de euros siempre y cuando  cumpla el convenio de acreedores firmado el pasado 11 de marzo de 2011.

Martín cobró en 2012 un sueldo fijo de 1,5 millones de euros. La retribución "de carácter extraordinario y único" por cumplir lo pactado con sus acreedores tiene como objetivo, según figura en el informe de retribuciones de 2012, "tratar de salvaguardar la continuidad del grupo a medio ...

Martinsa-Fadesa protagonizó la mayor suspensión de pagos en la historia empresarial española. El contrato de su presidente, Fernando Martín, incluye una cláusula que le puede garantizar hasta nueve millones de euros siempre y cuando  cumpla el convenio de acreedores firmado el pasado 11 de marzo de 2011.

Martín cobró en 2012 un sueldo fijo de 1,5 millones de euros. La retribución "de carácter extraordinario y único" por cumplir lo pactado con sus acreedores tiene como objetivo, según figura en el informe de retribuciones de 2012, "tratar de salvaguardar la continuidad del grupo a medio y largo plazo". En virtud de esta cláusula, Martín tiene derecho a cobrar el 31 de diciembre de 2013 el equivalente a una anualidad de sueldo fijo; el 31 de diciembre de 2016 le corresponderán otras dos anualidades de salario fijo; mientras que en 2019 percibirá una cantidad equivalente a tres anualidades de retribución fija.

Además, el presidente de Martinsa-Fadesa tiene recogido en su contrato una retribución de carácter diferido que consiste en una compensación "extraordinaria" equivalente a dos anualidades "que sólo se hará efectiva cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: fallecimiento o invalidez permanente antes de cumplir determinada edad".

Por otra parte, la inmobiliaria solicitará a su junta de accionistas la autorización para poder ampliar capital en 200 millones de euros en el plazo de un año, en el caso de que resulte necesario para reequilibrar su patrimonio y evitar el riesgo de una eventual nueva suspensión de pagos.