Competencia expedienta a la Fundación ONCE y dos de sus empresas
Investiga prácticas anticompetitivas en programas de accesibilidad para discapacitados
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha iniciado la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de los programas de accesibilidad para personas con discapacidad. Ha procedido a la incoación de un expediente sancionador y ha llevado a cabo inspecciones en la Fundación ONCE, Fundosa Grupo y Fundosa Accesibilidad (Vía Libre).
Este martes, inspectores de la Dirección de Investigación de la CNC han llevado a cabo inspecciones en la Fundación ONCE y sus empresas bajo la sospecha de supuestas prácticas anticompetitivas, en el contexto de los Convenios Marco de col...
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha iniciado la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de los programas de accesibilidad para personas con discapacidad. Ha procedido a la incoación de un expediente sancionador y ha llevado a cabo inspecciones en la Fundación ONCE, Fundosa Grupo y Fundosa Accesibilidad (Vía Libre).
Este martes, inspectores de la Dirección de Investigación de la CNC han llevado a cabo inspecciones en la Fundación ONCE y sus empresas bajo la sospecha de supuestas prácticas anticompetitivas, en el contexto de los Convenios Marco de colaboración entre la Fundación ONCE y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para desarrollar programas de accesibilidad universal dirigidos a promover la cooperación e integración social de personas con discapacidad.
De acuerdo con la información disponible, la gestión de dichos Convenios otorgaría a la Fundación ONCE la posibilidad de controlar el diseño y ejecución de los proyectos de accesibilidad, favoreciendo a sus empresas en las licitaciones para desarrollar dichos proyectos y dificultando la adjudicación a sus competidores. Por ello, la CNC ha incoado un expediente sancionador a la Fundación ONCE y sus empresas Fundosa Grupo y Fundosa Accesibilidad.
Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas, según informa la CNC.
Asimismo, la incoación del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación formal. Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente correspondiente y para su resolución por la Comisión Nacional de la Competencia.