Nueva Rumasa admite una deuda de 1.200 millones a proveedores y a 3.000 inversores

Ruiz-Mateos reclama a Emilio Botín que pague 250 millones de los pagarés

Con poca voz y visiblemente cansado, José María Ruiz-Mateos (Rota, Cádiz, 1931) ha amenazado con tirar de la manta y decir "con nombres y apellidos quienes son los verdaderos autores que han hecho todo lo posible para que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones y quedemos en los anales de la historia como artífices de un robo". Una vez que prácticamente todo el grupo Nueva Rumasa está en concurso de acreedores en 25 ...

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Con poca voz y visiblemente cansado, José María Ruiz-Mateos (Rota, Cádiz, 1931) ha amenazado con tirar de la manta y decir "con nombres y apellidos quienes son los verdaderos autores que han hecho todo lo posible para que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones y quedemos en los anales de la historia como artífices de un robo". Una vez que prácticamente todo el grupo Nueva Rumasa está en concurso de acreedores en 25 procedimientos, el patriarca ha admitido una deuda de 1.200 millones de euros, de los que 250 corresponden a los titulares de los pagarés.

"Me he tomado un plazo de tiempo para ver si reaccionan los culpables", ha dicho con cierto misterio aunque unos minutos después señaló: "Lo que ha hecho Botín [en referencia al presidente del Santander] no tiene nombre. Lo menos que podía hacer es asumir el documento enviado y pagar los 250 millones a los inversores". Ruiz-Mateos anunció hace meses una querella criminal contra Botín, pero no la ha presentado porque ha dicho estar esperando "su reacción".

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En la década de los ochenta, Ruiz-Mateos cargó contra otro banquero, Luis Valls, del Popular, y perdió. El abogado Joaquín Yvancos ha explicado que esperan cobrar, en uno o dos años, varios miles de millones de la expropiación de Rumasa, ocurrida en 1983, porque el Supremo ha admitido a trámite su reclamación. El grupo dice que ofrece los derechos de cobro de la indemnización a los inversores que acudan al notario, en un plazo de dos meses, sin que tengan que renunciar a cualquier reclamación. "No somos culpables. Ha sido la crisis de liquidez", sentenció al terminar.

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