El fiscal sospecha que Banif Inmobiliario cometió un presunto delito defraudatorio
El Ministerio Público calcula que hay hasta 50.000 afectados en todo el país que han perdido un 20% de su inversión en el fondo del Santander
La Fiscalía considera que Banif Inmobiliario (Santander) funcionó como un fondo "especulativo" que vendió los inmuebles a precios "simulados", lo que podría ser constitutivo de un presunto delito defraudatorio, según el informe del fiscal enviado el pasado 28 de enero al Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que investiga la congelación del fondo en febrero de 2009.
Además, el fiscal acusa a la entidad de "utilizar información priv...
La Fiscalía considera que Banif Inmobiliario (Santander) funcionó como un fondo "especulativo" que vendió los inmuebles a precios "simulados", lo que podría ser constitutivo de un presunto delito defraudatorio, según el informe del fiscal enviado el pasado 28 de enero al Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que investiga la congelación del fondo en febrero de 2009.
Además, el fiscal acusa a la entidad de "utilizar información privilegiada" para "favorecer" la salida del fondo "de un grupo de partícipes a un valor liquidativo más alto del mercado" a finales de 2008, cuando comenzaron los problemas de liquidez tras la quiebra de Lehman Brothers que dio comienzo a la crisis financiera. En concreto, la Fiscalía relata cómo el Santander concedió a Banif un préstamo de 170 millones de euros con un interés de euríbor más 300 puntos básicos para permitir la salida de estos clientes, unos intereses "notoriamente superiores a los de mercado" que deberán pagar los perjudicados, según explica el escrito.
Aparte de esta operación y tras las diligencias llevadas a cabo, el fiscal concluye que la gestora "captó, durante varios años" cantidades "destinadas a un fondo de inversiones inmobiliarias para obtener de los alquileres rentabilidades estables para inversores conservadores", un mecanismo que, provocó "la suspensión de los reembolsos y la liquidación sin disolución, funcionando como un fondo especulativo, produciéndose la venta de un inmueble a precio simulado".
La causa se inició por la querella presentada por la asociación Activa que acusa a la gestora presuntos delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros. Por el momento, la juez Belén Sánches está recopilando información antes de llamar a declarar a los gestores del fondo, según fuentes jurídicas.
Petición de que investigue la Audiencia
El fiscal insiste en que debe ser la Audiencia Nacional quien investigue los hechos tras comprobar que existen 7.000 clientes perjudicados en varias provincias españolas, cifra "que podría ascender a 50.000". En septiembre de 2010, el Supremo resolvió que la competencia correspondía a los juzgados de Plaza Castilla.
Fuentes de la entidad han eludido hacer comentarios al respecto. Banif anunció ayer que ha ofrecido a los inversores que deseen liquidar sus posiciones un total de 1.211 euros por participación, lo que arroja un descenso del valor del 11,8% desde que se cerró el fondo en febrero de 2009, indicaron fuentes de la entidad.
El fondo suspendió los reembolsos en febrero de 2009, al superar estos el 10% del patrimonio y no disponer de la liquidez necesaria para atenderlos, por la imposibilidad de materializar la venta de activos necesaria para ello. Dicha suspensión se estableció por un plazo máximo de dos años, para realizar una venta ordenada de activos y, en caso de no poder realizarla, proceder a la liquidación del fondo. Solo se han ejecutado ventas por un importe equivalente al 10,9% del patrimonio del fondo a 28 de febrero de 2009, así que el fondo estaba abocado a la disolución.
Pérdida de valor
Así, el fiscal fija el valor de cada participación en 2009 en 1.374 euros, lo que comparado con los 1.531,2 euros que valían en 2008 supone una caída del 10,23%. Además, si el valor de hace tres años se compara con los 1.211 euros que ofrece ahora Banif por participación, los inversores han recibido un 20,9% menos de a lo que se cotizaba antes del estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria.
"Los partícipes del fondo tuvieron un perjuicio de 156,9 euros por acción", concluye el fiscal, una cifra que aumenta a 320 euros si se toma como referencia la valoración del fondo a 2008 contemplada por la Fiscalía.