El Tribunal de la Unión anula la multa de DaimlerChrysler por sus pactos con Mercedes-Benz en España

El organismo reduce la sanción al comportamiento anti competencia producido en territorio belga, con lo que su importe pasa de 72 millones de euros a poco menos de 10

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la multa impuesta por la Comisión a DaimlerChrysler por su comportamiento anticompetitivo junto con Mercedes-Benz en Alemania y España, pero la ha confirmado en lo que respecta a Bélgica. Esto supone una reducción de la sanción total de 71,83 millones de euros a 9,8 millones.

En una decisión del 10 de octubre de 2001, la Comisión Europea constató que DaimlerChrysler AG había violado, ella misma o a través de sus filiales belga y española, las reglas comunitarias de la competencia, al haber llegado a acuerdos con sus distribuidores e...

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la multa impuesta por la Comisión a DaimlerChrysler por su comportamiento anticompetitivo junto con Mercedes-Benz en Alemania y España, pero la ha confirmado en lo que respecta a Bélgica. Esto supone una reducción de la sanción total de 71,83 millones de euros a 9,8 millones.

En una decisión del 10 de octubre de 2001, la Comisión Europea constató que DaimlerChrysler AG había violado, ella misma o a través de sus filiales belga y española, las reglas comunitarias de la competencia, al haber llegado a acuerdos con sus distribuidores en Alemania, Bélgica y España sobre el comercio minorista de turismos de la marca Mercedes-Benz.

La Comisión impuso una multa a DaimlerChrysler de 71,825 millones de euros. De esta cantidad, 47,025 millones se impusieron por haber dado instrucciones a sus agentes comerciales alemanes para que no vendieran coches nuevos, en especial los de la nueva clase E, más que a clientes de su territorio y para evitar la competencia interna (de febrero de 1996 a junio de 1999) y exigir para los pedidos de vehículos nuevos, el pago de una fianza del 15 % del precio del coche (desde septiembre de 1985).

Impuso 15 millones más por haber prohibido a los agentes comerciales alemanes y a los concesionarios españoles, a partir de 1996, suministrar turismos a sociedades de crédito, impidiéndoles así constituir un stock, y otros 9,8 millones de euros por haber participado en acuerdos tendentes a restringir las entregas acordadas en Bélgica (medidas aplicadas desde abril de 1995 a junio de 1999). Esta última es la única sanción que se mantiene.

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