Los sindicatos de Izar muestran su rechazo al plan de la SEPI
La CE ultima los expedientes contra la ayudas públicas recibidas por los astilleros
El plan industrial presentado ayer por la SEPI para Izar, que contempla la división de la compañía en dos empresas, una dedicada a la actividad militar y otra a la civil, ha generado la reacción negativa de los sindicatos de los astilleros. El comité de empresa de La Naval ya ha mostrado su rechazo al plan y el ayuntamiento de San Fernando lo contempla como un nuevo mazado. Mientras, Bruselas ultima los expedientes contra las ayudas públicas recibidas por Izar por 661 millones de euros.
Miguel Angel Asporosa, presidente del comité de empresa del astillero La Naval de Sestao, ha rechazad...
El plan industrial presentado ayer por la SEPI para Izar, que contempla la división de la compañía en dos empresas, una dedicada a la actividad militar y otra a la civil, ha generado la reacción negativa de los sindicatos de los astilleros. El comité de empresa de La Naval ya ha mostrado su rechazo al plan y el ayuntamiento de San Fernando lo contempla como un nuevo mazado. Mientras, Bruselas ultima los expedientes contra las ayudas públicas recibidas por Izar por 661 millones de euros.
Miguel Angel Asporosa, presidente del comité de empresa del astillero La Naval de Sestao, ha rechazado en nombre de este órgano el nuevo documento de trabajo remitido por la SEPI por considerar que va en la línea del anterior y no garantiza el mantenimiento de estas instalaciones dentro del sector público.
El dirigente sindical, ha recalcado que en este nuevo documento lo único que se ha hecho es aglutinar a todos los astilleros bajo el paraguas de la SEPI, pero en ningún caso modifica las líneas del anterior texto.
Izar Fene lo califica de "extraño y negativo"
El presidente del comité de empresa de Izar Fene, Jorge Prieto (CCOO), ha calificado el documento presentado por la SEPI a los sindicatos para la viabilidad de los astilleros como "extraño y negativo", y ha asegurado, que "lucharemos para modificar las intenciones del Gobierno".
Prieto ha explicado que la propuesta reduce las capacidades productivas de Fene, ya que solo habla de construcción "off-shore", "y con otros astilleros que podrían hacerlo". El dirigente sindical se ha quejado de que la SEPI "no cumple las expectativas generadas a través de sus filtraciones, ya que Fene no podrá dedicarse a la construcción militar como se había dicho, ni podrá, como sería lógico por cercanía, trabajar con Izar Ferrol".
San Fernando defiende la unión civil y militar
El alcalde de San Fernando (Cádiz), Antonio Moreno (PA), ha manifestado hoy que su Ayuntamiento "no acepta la encubierta liquidación ordenada" de los astilleros isleños, al tiempo que ha asegurado que los presidentes de la Junta y el Gobierno, Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente, "deberán defender la unión de la industria naval militar y civil en Bruselas".
En un comunicado enviado a los medios, Moreno ha comentado que el nuevo plan de la SEPI "no es viable" para San Fernando ni para la Bahía de Cádiz y ha denunciado que "25.000 isleños y una huelga general masiva no reivindicaron esto, sino una factoría plenamente militar en el conjunto de la comarca".
Bruselas ultima el expediente por las ayudas públicas
Sobre las críticas al plan de la SEPI planea además el expediente que se tramita en Bruselas sobre las ayudas públicas a Izar. La Comisión Europea (CE) prepara la conclusión de dos expedientes por un valor conjunto cercano a 661 millones de euros más intereses, lo que elevará la suma de subvenciones a devolver por los astilleros públicos a entre 1.100 y 1.200 millones, según fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario decidió el pasado miércoles el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español -primer paso en los procedimientos de infracción- para reclamar la devolución con intereses de los 111 millones de euros concedidos a diversos astilleros públicos en 1998 mediante créditos fiscales. La Comisión Europea ya determinó en 1999 que estos incentivos constituían subsidios ilegales, pero España recurrió su decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE.