Bruselas vuelve a denunciar la 'acción de oro' española

La Comisión insta al Gobierno a renunciar a tener poderes especiales sobre las empresas privatizadas

La Comisión Europea ha notificado a España la apertura de dos procedimientos de infracción donde le insta a modificar las legislaciones que confieren al Gobierno español poderes especiales (la llamada 'acción de oro') sobre las empresas privatizadas y sobre el mercado energético.

Según ha informado el portavoz de Mercado Interior de la Comisión, Jonathan Todd, una de las cartas de emplazamiento se refiere a la legislación que exige la autorización previa del Gobierno en caso de compra del 10% del capital de las empresas Repsol, Telefónica, Tabacalera o Endesa. El Tribunal de Justicia de...

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La Comisión Europea ha notificado a España la apertura de dos procedimientos de infracción donde le insta a modificar las legislaciones que confieren al Gobierno español poderes especiales (la llamada 'acción de oro') sobre las empresas privatizadas y sobre el mercado energético.

Según ha informado el portavoz de Mercado Interior de la Comisión, Jonathan Todd, una de las cartas de emplazamiento se refiere a la legislación que exige la autorización previa del Gobierno en caso de compra del 10% del capital de las empresas Repsol, Telefónica, Tabacalera o Endesa. El Tribunal de Justicia de la UE ya condenó esta legislación el 13 de mayo de 2003, al considerar que violaba el principio de libre circulación de capitales.

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En noviembre de 2003, las Cortes, a propuesta del entonces mayoritario Partido Popular, aprovecharon la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004 para ajustar la legislación a la jurisprudencia del Tribunal de la UE. Sin embargo, el ejecutivo europeo entiende que el cambio no es satisfactorio y exige una nueva reforma.

El segundo expediente concierne a la legislación aprobada por España para impedir el acceso a su mercado energético de la eléctrica pública francesa Electricité de France (EDF). A pesar de los cambios realizados en esta normativa, que ya fue objeto de un procedimiento de infracción en 2002, la Comisión sigue "encontrando motivos de preocupación en su redacción" por lo que ha decidido abrir a España un nuevo expediente al respecto, según Todd.