La demanda de acciones de Iberia sólo supera en un tercio la oferta lanzada por la compañía
El Gobierno aprueba la acción de oro para que las decisiones de inversión que afecten a la compañía queden sometidas a protección pública
El capital de la compañía que saldrá a bolsa se encuentra actualmente en manos de la Sociedad de Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La demanda de acciones ha sido comunicada hoy por la SEPI -principal accionista de Iberia- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el organismo supervisor instara a la compañía a hacer públicos los datos, que debían haber sido dados a conocer el pasado día 27.
El subtramo minorista general ha recibido 162.377 peticiones, por valor de 768,7 millones de euros (127.900 millones de pesetas), entre los que se dist...
El capital de la compañía que saldrá a bolsa se encuentra actualmente en manos de la Sociedad de Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La demanda de acciones ha sido comunicada hoy por la SEPI -principal accionista de Iberia- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el organismo supervisor instara a la compañía a hacer públicos los datos, que debían haber sido dados a conocer el pasado día 27.
El subtramo minorista general ha recibido 162.377 peticiones, por valor de 768,7 millones de euros (127.900 millones de pesetas), entre los que se distribuirán algo más de 263,2 millones de acciones, el 59,4% de toda la oferta.
La OPV de Iberia comenzó el lunes 19 de marzo y concluirá el día 3 de abril, con el inicio de cotización de las acciones en la bolsa española.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto para la aplicación del régimen de autorización administrativa previa, acción de oro, a la compañía aérea Iberia, con una vigencia de cinco años.
Cabanillas ha añadido que "este decreto ya ha sido aplicado en otras ocasiones a empresas públicas que se encontraban en una situación semejante a Iberia, es decir, en procesos de privatización".
El decreto aprobado hoy se aplica directamente sobre los actos concretos de enajenación de participaciones sociales que puedan hacer perder el control por el Estado a las sociedades mercantiles estatales.
Este decreto entrará en vigor a partir del momento en que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posea una participación de Iberia menor al 50%.