Saltarse la ley con la excusa de la seguridad
No es la primera vez que la Agencia Catalana de Protección de Datos enmienda la plana a un Ayuntamiento por saltarse las leyes con la excusa de estar protegiendo la seguridad. El caso de Tossa de Mar (Selva) tiene un antecedente muy similar en un procedimiento que acabó con una resolución contraria al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) el año pasado.
Ese Consistorio colocó cinco cámaras de vídeo en la entrada de las oficinas municipales y la comisaría, así como en las dependencias policiales. Además de no inscribir el fichero de datos siguiendo los cauces oficiales ni i...
No es la primera vez que la Agencia Catalana de Protección de Datos enmienda la plana a un Ayuntamiento por saltarse las leyes con la excusa de estar protegiendo la seguridad. El caso de Tossa de Mar (Selva) tiene un antecedente muy similar en un procedimiento que acabó con una resolución contraria al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) el año pasado.
Ese Consistorio colocó cinco cámaras de vídeo en la entrada de las oficinas municipales y la comisaría, así como en las dependencias policiales. Además de no inscribir el fichero de datos siguiendo los cauces oficiales ni informar de la colocación de las cámaras en el interior del edificio mediante carteles visibles, las imágenes fueron utilizadas como prueba en un expediente sancionador contra un policía por retrasos en su jornada laboral.
El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) instaló un sistema automático para grabar todas las conversaciones telefónicas mantenidas a través de un número donde se atendían llamadas relacionadas con la seguridad pública, consultas administrativas e incluso conversaciones privadas.
La Agencia de Protección de Datos calificó el registro de esos datos de "inadecuado, no pertinente y excesivo" y en 2009 solicitó al Consistorio en que diferenciase claramente los números de teléfono para separar las llamadas administrativas de las relacionadas con infracciones o la seguridad pública. En este caso también se utilizó una conversación grabada como prueba de cargo contra un trabajador.