Las comisiones de consultoras de los ERE llegaron al 25%
"Ahí está el gran mangazo. Sin ninguna duda". La tosca frase de fuentes de la investigación es reveladora. Cualquier observador del caso de los ERE debería ver con perspectiva cómo la mayor parte de los beneficios ilícitos del millonario fraude se los llevaron las consultoras y sus intermediarios. De un fondo público de 647 millones, ni los intrusos (prejubilados que no trabajaron en las empresas beneficiadas) ni las ayudas directas a empresas representaron un fraude tan descomunal como el de las consultoras, cuyo porcentaje rondó entre el 15% y el 25% del coste de los expedientes.
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"Ahí está el gran mangazo. Sin ninguna duda". La tosca frase de fuentes de la investigación es reveladora. Cualquier observador del caso de los ERE debería ver con perspectiva cómo la mayor parte de los beneficios ilícitos del millonario fraude se los llevaron las consultoras y sus intermediarios. De un fondo público de 647 millones, ni los intrusos (prejubilados que no trabajaron en las empresas beneficiadas) ni las ayudas directas a empresas representaron un fraude tan descomunal como el de las consultoras, cuyo porcentaje rondó entre el 15% y el 25% del coste de los expedientes.
Existía un circuito oficial entre las aseguradoras y la dirección general de Trabajo de la Junta andaluza sin desglose. Y, en paralelo, otro circuito real, donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. La primera prueba ha trascendido ahora, después de un año de instrucción judicial. Documentos intervenidos en la consultora Vitalia revelan los porcentajes de los "gastos externos" previstos en el ERE de Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima, hasta 873.000 euros estaban destinados a la tajada de la consultora Vitalia (el 23,89%).
"Lo primero es plantearse por qué la Junta necesita un broker (intermediario) para contratar con una aseguradora, algo innecesario y sin concurso público. Un dislate que no tiene defensa. Una estafa para repartir beneficios, y está claro que el dinero no llegaba al trabajador", dicen fuentes del caso. La juez Mercedes Alaya ya ordenó a la Guardia Civil investigar a las consultoras Vitalia y Uniter.