La Junta cree que el último auto de Alaya beneficia la estrategia popular

La hoja de ruta que se marcó la Junta cuando estalló el caso de las irregularidades en los ERE saltó ayer por los aires. La consigna era -y así lo manifiestan públicamente los responsables del Gobierno regional cada vez que sale este asunto- que la Junta es la primera interesada en esclarecer el caso, en recuperar el dinero supuestamente defraudado y en que paguen los culpables. Y punto. No se valora la actuación de la encargada de la investigación Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Pero la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, se saltó ayer ese guion, según el...

La hoja de ruta que se marcó la Junta cuando estalló el caso de las irregularidades en los ERE saltó ayer por los aires. La consigna era -y así lo manifiestan públicamente los responsables del Gobierno regional cada vez que sale este asunto- que la Junta es la primera interesada en esclarecer el caso, en recuperar el dinero supuestamente defraudado y en que paguen los culpables. Y punto. No se valora la actuación de la encargada de la investigación Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Pero la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, se saltó ayer ese guion, según ella misma reconoció, y acusó a la magistrada de no haber hecho bien su trabajo, de cometer "un error de bulto" al dictar un auto en el que se realiza una petición que no tiene "fundamento jurídico alguno". Moreno fue más allá: "Con voluntad o sin voluntad, errores de este tipo conducen a que el PP consiga sus objetivos políticos". La consejera anunció que la Junta recurrirá parte del último auto de la juez.

Moreno dice que las ayudas de IDEA no requerían del visto bueno de Economía

Es la segunda vez que la Junta se salta ese guion y recurre un auto de Alaya. El primer conflicto -que al final fue resuelto por el Tribunal Supremo, que le dio la razón a la magistrada- fue por las actas de los Consejos de Gobierno. Este segundo choque es de más entidad y nace en plena campaña.

La polémica surge por el auto dictado por la juez el 10 de noviembre, el día después de que el candidato socialista por Sevilla, Alfonso Guerra, afirmase que existe una vinculación entre la magistrada y el alcalde popular de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, antiguo juez decano.

En este último auto, la juez reclama información sobre las ayudas concedidas por la agencia IDEA. Según Alaya, fueron autorizadas por el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su etapa como consejero de Economía. El salto cualitativo que supone que Alaya vuelva a mencionar explícitamente en su escrito a Griñán en la recta final de la campaña electoral ha hecho saltar las alarmas en la Junta por la repercusión mediática que ha tenido.

Moreno negó ayer que la normativa vigente obligue a que Griñán autorizara las subvenciones de IDEA, antigua IFA, el organismo que se encargaba de abonar los ERE. "Ni se produjo, ni tenía que producirse" dicha autorización, remarcó la portavoz del Gobierno. Economía y Hacienda solo debe dar su visto bueno a las operaciones de endeudamiento de IDEA, no a las ayudas.

Moreno achacó el "error de bulto" de Alaya a que la juez ha tramitado sin realizar las suficientes comprobaciones un escrito del PP en el que se reclamaban estas supuestas autorizaciones por parte de los titulares de la Consejería de Economía.

Respecto a la fecha en la que Alaya ha emitido su auto -que se notificó a las partes a solo cinco días del 20-N-, Moreno no quiso "hacer juicios de valor". "No es la fecha lo que produce el recurso, sino la inexistencia de fundamento jurídico". Lo que sí hizo ayer la portavoz de la Junta fue reclamar "mesura" a la magistrada ya que, según su interpretación, "los jueces tienen que ser conscientes del daño político" que pueden provocar sus decisiones. Por ejemplo, que el presidente Griñán haya salido señalado en este caso tras el auto de la juez.

Moreno, quien descartó que la Junta vaya a pedir la recusación de Alaya, se sorprendió por que, en el mismo auto, la juez haya reclamado información sobre la empresa Matsa, donde trabaja como apoderada la hija del expresidente Manuel Chaves y que fue origen de otra polémica. La consejera dijo que no entiende "muy bien" que ese caso -archivado por el Supremo y el TSJA- aparezca en el escrito.