Amorós en la cola del paro
Hace una semana, una mujer presentó su solicitud en el Inem para cobrar el paro. Nada extraño en un país que supera los cuatro millones de desempleados, salvo que esa mujer se llama María Dolores Amorós, directora general de la Caja del Mediterráneo (CAM) hasta hace un mes y que está siendo investigada por la fiscalía por presunto maquillaje de cuentas. Inocente de tal acusación mientras no se demuestre lo contrario, a Amorós la han puesto de patitas en la calle y ahora reclama su derecho a percibir el subsidio -le corresponden 1.400 euros al mes-, lo que es tan legal como descacharrante para ...
Hace una semana, una mujer presentó su solicitud en el Inem para cobrar el paro. Nada extraño en un país que supera los cuatro millones de desempleados, salvo que esa mujer se llama María Dolores Amorós, directora general de la Caja del Mediterráneo (CAM) hasta hace un mes y que está siendo investigada por la fiscalía por presunto maquillaje de cuentas. Inocente de tal acusación mientras no se demuestre lo contrario, a Amorós la han puesto de patitas en la calle y ahora reclama su derecho a percibir el subsidio -le corresponden 1.400 euros al mes-, lo que es tan legal como descacharrante para una directiva de tan alto rango que no gestionaba la Caja por menos de 30.000 euros mensuales (593.040 euros brutos al año), sueldo que se adjudicó a sí misma y que ahora, ¡pobre!, ha dejado de percibir.
Amorós debe ser una mujer previsora, pues aunque le faltan unos cuantos años para la jubilación también se autoadjudicó una pensión a pagar por la CAM de 370.000 euros al año una vez cumplida la edad reglamentaria.
Su fulminante despido y la iniciativa de la fiscalía han desbaratado sus planes y ahora la mujer debe andar haciendo cuentas mientras el resto del personal no sale de su asombro. La pésima gestión de la CAM, financiadora de las obras faraónicas de Zaplana y Camps y de proyectos tan huecos como la ciudad fantasma en Seseña de El Pocero, ha obligado al Estado a nacionalizar la entidad y a poner (del dinero de los contribuyentes) 2.800 millones de euros. Es improbable que la CAM y la Hacienda pública puedan resarcirse algún día de todo el gasto que les ha generado Amorós, pero es muy probable que, mientras, haya que pagarle esos 1.400 euros que ahora reclama la exdirectiva.
Alguien debería abrir un concurso de ideas sobre cómo hallar consuelo a tanta tomadura de pelo. Valga para iniciar el juego un par de propuestas: que Amorós acuda a todos los cursos de parados que se organicen baja amenaza de perder sus derechos al subsidio y que la justicia investigue también a todos los que como ella se adjudicaron sueldos y primas de escándalo en las cajas que han sufrido tan burdo saqueo. Tienen nombres y apellidos. No debe de ser tan difícil.