Los policías de Ronda sostienen que los testigos sufrieron coacciones
El tribunal decide comenzar el juicio pese a la falta de uno de los procesados
Las defensas de los cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía y un guardia civil acusados de hacer la vista gorda en prostíbulos de Ronda (Málaga) a cambio de relaciones sexuales con las prostitutas pidieron ayer la nulidad del caso basándose en que los testigos que declararon contra sus clientes fueron coaccionados por los investigadores. Aseguraron, por ejemplo, que a algunos se les ofreció no expulsarles del país si colaboraban con la justicia, y que otros declararon cuando estaban detenidos. Los abogados defienden que sus testimonios están contaminados, algo que hace ilegítimo el proce...
Las defensas de los cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía y un guardia civil acusados de hacer la vista gorda en prostíbulos de Ronda (Málaga) a cambio de relaciones sexuales con las prostitutas pidieron ayer la nulidad del caso basándose en que los testigos que declararon contra sus clientes fueron coaccionados por los investigadores. Aseguraron, por ejemplo, que a algunos se les ofreció no expulsarles del país si colaboraban con la justicia, y que otros declararon cuando estaban detenidos. Los abogados defienden que sus testimonios están contaminados, algo que hace ilegítimo el procedimiento.
José Luis Ortega, defensa de dos agentes implicados, denunció que no se cumple la ley de protección de testigos y habló de "torturas". "Esta causa termina en el Supremo, es de libro", dijo.
El fiscal defiende que los letrados han tergiversado "ciertos episodios"
El juicio arrancó en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a pesar de que faltaba uno de los procesados, encargado del prostíbulo La Merced. El tribunal entendió que se podía celebrar la primera parte del juicio, en la que las defensas plantean los defectos en la instrucción, sin causarle indefensión. Ha pedido que se le cite para que acuda obligatoriamente el próximo 11 de octubre, día en el que continuará la vista. Las pegas a la instrucción se resolverán en la sentencia.
El fiscal del caso, Valentín Bueno, consideró que los letrados han tergiversado "ciertos episodios". Se detuvo en el caso de la testigo protegida número 1, que fue expulsada del país poco después de que cambiara su declaración policial y dejara de inculpar a los agentes. "Cuando acudió a declarar nos dijo que tenía intención de abandonar el país (...) aclaró que estaba dispuesta a venir a juicio si se le pagaban los gastos", detalló.
El fiscal habló de presiones, pero por parte de los implicados, y pidió a la sala que escuche lo que tienen que decir los investigadores. "Los testigos han sido coaccionados y amenazados mediante tácticas mafiosas, es algo que creemos que va a aflorar en los próximos días (...) No nos asusta la verdad", dijo.
Otro de los puntos a los que más atacaron los abogados fue la falta de concreción de los hechos delictivos que se les atribuyen a sus clientes. El representante del Ministerio Público consideró aceptable el número de referencias de tiempo y lugar incluidas y vio "razonable" que algunos de los testigos, que viven en un "entorno sórdido" y que están siendo explotadas sexualmente, no hayan aportado muchos datos.
Los cuatro agentes se enfrentan a una petición fiscal total de 39 años de prisión por cohecho, abusos sexuales o tráfico de influencias, entre otros delitos. El guardia civil está acusado de extorsión a la responsable de uno de los clubes, y Sergio Flores, ajeno al cuerpo policial, será procesado por aprovecharse de su relación sentimental con la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda para conseguir gratis copas y servicios sexuales. Los dueños de tres clubes de alterne también se sientan en el banquillo.