Chile: tras un gran acuerdo
Los últimos acontecimientos en Chile muestran una situación que reputados analistas tildan de paradójica. Por una parte, se advierte una inquietud social que es exacerbada por grupos violentos. Por otra, existe una extraordinaria bonanza que coloca a Chile entre los países con menor riesgo económico y con cifras muy positivas en desarrollo, empleo, ingreso per cápita, por mencionar algunos indicadores.
Al sobrepasar Chile los 15.000 dólares per cápita, algunos han recordado que cuando se produjeron los legendarios sucesos de París en mayo de 1968, los franceses habían alca...
Los últimos acontecimientos en Chile muestran una situación que reputados analistas tildan de paradójica. Por una parte, se advierte una inquietud social que es exacerbada por grupos violentos. Por otra, existe una extraordinaria bonanza que coloca a Chile entre los países con menor riesgo económico y con cifras muy positivas en desarrollo, empleo, ingreso per cápita, por mencionar algunos indicadores.
Al sobrepasar Chile los 15.000 dólares per cápita, algunos han recordado que cuando se produjeron los legendarios sucesos de París en mayo de 1968, los franceses habían alcanzado el sueño de tener esos mismos 15.000 dólares per cápita. Al igual que hoy en Santiago de Chile, movimientos estudiantiles tomaron París el año 1968.
El gran desarrollo económico del país suscita una mayor demanda y exigencia en materia educativa
Coincidencia o no, estamos frente a un cuadro sociológico ante el que vale la pena detenerse. Nos revela que aquellas naciones que alcanzan mayores niveles de desarrollo también aspiran a tener mayores mejoras sociales, que en el caso de Chile se radican principalmente en la educación. Curiosamente, en este ámbito podemos mostrar resultados más que razonables, que nos acreditan como los primeros en relación a la región.
La verdad es que el ingreso de Chile en la OCDE nos ha colocado, por nuestra propia voluntad, una vara aún más alta en nuestro creciente desarrollo. Ahora debiéramos concentrar todos los esfuerzos de la dirigencia chilena en avanzar de forma consensuada hacia un gran acuerdo que conduzca a obtener una educación de calidad para todos.
Mientras el debate se realiza con los actores sociales y luego se traslada a nuestro poder legislativo, nos parece importante destacar planteamientos que permitirán solucionar la crisis vivida.
Entre ellos figura el reconocimiento constitucional que debe tener la educación como derecho fundamental, por el cual el Estado asegura estándares mínimos de calidad a través de una institucionalidad pública especializada.
A nivel preescolar, el Estado debe garantizar que ningún menor, particularmente aquellos de sectores vulnerables o medios, quede marginado del acceso al jardín infantil o de los niveles preescolares.
En cuanto a la administración de la educación pública, que hoy desarrollan, entre otros, las Municipalidades o Ayuntamientos, ello deberá lograrse a través de un proceso que permita la creación gradual de un sistema estructurado sobre la base de corporaciones públicas, autónomas y descentralizadas. En el financiamiento no solo deben aumentarse los montos por subvención escolar, tomando en cuenta que esos montos deben considerar las necesidades de los establecimientos educacionales y, desde luego, la asistencia del educando.
El perfeccionamiento y evaluación de los docentes, la modernización de la infraestructura escolar, la priorización de la educación técnico-profesional, garantizar la democratización de la representación escolar y el financiamiento de las universidades tradicionales que permitan su desarrollo en aspectos académicos, especialmente en sus ámbitos de especialización y posgrado, ciencia, tecnología e innovación, son de la mayor importancia.
La revisión del marco normativo de las universidades estatales es impostergable, así como el establecer una nueva institucionalidad estatal para la educación superior que incluya una subsecretaría de educación superior y un nuevo y riguroso sistema de acreditación universal que asegure calidad y fiabilidad.
Las propuestas formuladas por el Gobierno chileno también contemplan los aspectos del financiamiento para los distintos segmentos sociales, en particular a los alumnos pertenecientes a los grupos de menores ingresos; reprogramaciones de deudas y la creación de un Fondo de Desarrollo de las Universidades Públicas, a la vez que propicia la legítima retribución para aquellos establecimientos que tengan fines de lucro, garantizando transparencia total de los ingresos y gastos de los establecimientos siempre que se cumplan los estándares de calidad y fiabilidad normativos.
En el debate surgirán planteamientos relativos al lucro en la educación, puesto que ha sido parte importante en la convocatoria a las manifestaciones de estudiantes. Una gran mayoría de los tres millones de educandos con que cuenta Chile aspiran a una formación que les permita en el futuro tener pleno derecho al acceso de las fuentes de trabajo. Ellos saben que en la base primera y fundamental del sistema educativo chileno, el haber llegado a los actuales niveles de educación ha sido posible en gran medida gracias a la libertad de la enseñanza que hemos preservado en Chile, la que debemos continuar perfeccionando.
Para ello es imperativo alcanzar un gran acuerdo nacional, fruto de la participación transversal de nuestros dirigentes políticos y sociales que heredaron los mismos acuerdos que nos permitieron alcanzar una ejemplar transición democrática, con su consecuente alternancia, que es mirada con respeto por las naciones del mundo.
Hoy vemos cómo los aires libertarios recorren la geografía del planeta para beneficio de pueblos con distintos acerbos históricos. Para Chile y el mundo, la libertad es un patrimonio de todos sus habitantes y a todos nos corresponde, responsablemente, cuidarla y enriquecerla.
Sergio Romero es embajador de Chile en España.