La fiscalía pide a la banca que evite el saqueo de cuentas de discapacitados
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana pidió el 7 de septiembre a los presidentes de la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito su colaboración para evitar que el patrimonio de las personas con discapacidad sean saqueadas por terceras personas.
El oficio persigue que las oficinas valencianas adviertan a la fiscalía de cualquier movimiento bancario "susceptible de suscitar una racional sospecha de irregularidad que pueda devenir en un posterior perjuicio para la persona con discapacidad intelectual...
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana pidió el 7 de septiembre a los presidentes de la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito su colaboración para evitar que el patrimonio de las personas con discapacidad sean saqueadas por terceras personas.
El oficio persigue que las oficinas valencianas adviertan a la fiscalía de cualquier movimiento bancario "susceptible de suscitar una racional sospecha de irregularidad que pueda devenir en un posterior perjuicio para la persona con discapacidad intelectual titular de la cuenta".
La medida, que se adopta por primera vez en España, tiene su origen en las "eficaces intervenciones" que se han producido hasta ahora de forma espontánea: los avisos de empleados de oficinas al ministerio público han frustrado intentos de vaciados de cuentas, señalan fuentes de la fiscalía. Ahora se trata de darle un cierto carácter de protocolo. El oficio está firmado por el teniente fiscal, Gonzalo López Ebri, y por el fiscal superior, Ricard Cabedo.
Inmejorable atalaya
"Es evidente que el conocimiento directo que, en la mayoría de los casos, se tiene por los empleados de las entidades de crédito de sus clientes provoca que conozcan en muchas ocasiones cuáles son los movimientos que ordinariamente tienen en sus cuentas corrientes, sobre todo cuando se trata de personas de avanzada edad, ya que en estos casos los pagos suelen ser periódicos y de montantes casi parecidos", señala el escrito. "Este conocimiento constituye una atalaya inmejorable para la protección patrimonial de las personas con discapacidad".
La fiscalía basa su petición en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que los Estados "velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria". Para evitar conflictos con la privacidad, el ministerio público limita el alcance "exclusivamente" a los supuestos en los que el titular "racionalmente trasluzca que pudiera estar afecta de discapacidad intelectual, declarada o no, que le impida comprender las disposiciones patrimoniales que efectúa" por sí mismo o por terceros.