"No pondremos en riesgo la salud por unos objetivos económicos"
La consejera de Salud, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), admite que la sostenibilidad del sistema sanitario está en juego, pero cree que hay margen para salvarlo y que las medidas en marcha en Andalucía lo garantizan. No quiere ni oír hablar de copago.
Pregunta. Sin las últimas medidas de disminución del gasto farmacéutico, ¿el sistema sería insostenible?
Respuesta. Sí. Había que trabajar en una triple dirección. Primero, la solución de la deuda, buscar un mecanismo que permita que los proveedores cobren; segundo, la suficiencia presupuestaria, conseguir el equil...
La consejera de Salud, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), admite que la sostenibilidad del sistema sanitario está en juego, pero cree que hay margen para salvarlo y que las medidas en marcha en Andalucía lo garantizan. No quiere ni oír hablar de copago.
Pregunta. Sin las últimas medidas de disminución del gasto farmacéutico, ¿el sistema sería insostenible?
Respuesta. Sí. Había que trabajar en una triple dirección. Primero, la solución de la deuda, buscar un mecanismo que permita que los proveedores cobren; segundo, la suficiencia presupuestaria, conseguir el equilibrio entre ingresos y gastos; y tercero, incrementar los niveles de ingresos que van a ser necesarios en el futuro para hacer frente a la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas prestaciones o la actualización de los salarios. Los tres pasos son fundamentales, pero en el que más responsabilidad tiene la Consejería es en el de conseguir la suficiencia presupuestaria.
"No comparto las medidas de Cataluña. Lo fácil es cerrar centros"
"Quitar prestaciones que repercuten en la clase media sería un error histórico"
"Con las iniciativas en marcha podemos conseguir suficiencia presupuestaria"
"Solo hay que financiar el fármaco que aporte un valor añadido"
P. ¿Qué márgenes quedan?
R. Básicamente, seguir aprovechando la economía de escala. Apenas hemos empezado con las compras centralizadas de las plataformas provinciales, que nos están permitiendo un importante ahorro. Y evidentemente, la racionalización del medicamento, que con el decreto que preparamos puede aportar entre 40 y 200 millones de euros, un balón de oxígeno muy importante, sobre todo para los ejercicios de 2012 y 2013. Con estas medidas podemos conseguir la suficiencia presupuestaria. Aparte, habrá que buscar fórmulas específicas para el saneamiento de la duda ya contraída.
P. ¿A cuánto asciende realmente la deuda?
R. Nuestra previsión para después del verano es que la de ejercicios presupuestarios anteriores sea de entre 550 y 650 millones de euros. Es una cifra importante, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para que los proveedores cobren.
P. ¿El sistema es sostenible tal y cómo es, financiando el 97% de los medicamentos y garantizando la gratuidad de la asistencia?
R. Creo que es sostenible si logramos una metodología objetiva que permita la financiación selectiva de los medicamentos. Hay un real decreto, por cierto promovido cuando el presidente Griñán era ministro de Salud, que plantea que no se incorporen a la financiación pública aquellos medicamentos que no aporten un valor añadido en términos de eficacia o de coste-efectividad. Esto no se ha ejercido por parte de los distintos Gobiernos y en el último consejo Interterritorial trasladamos al Ministerio que es necesario. Hay que separar la autorización de los medicamentos de la financiación, que en España siempre han estado muy ligados.
P. El ex ministro Julián García Vargas decía esta semana que se podría replantear la financiación de fármacos muy usados, pero muy baratos, como el paracetamol. ¿Lo comparte?
R. Las medidas que pasan por que se transfiera el coste de los servicios a los ciudadanos, si es por cantidades simbólicas que no disuaden ni la utilización de los servicios, no solucionan el problema. No soy partidaria de ellas, creo que son una antesala al desmantelamiento del modelo y no aportan un ingreso significativo a la financiación.
P. La consejera de Hacienda ha anunciado un nuevo recorte en Salud de 197 millones. ¿Cómo se va a hacer?
R. Fundamentalmente con medidas centradas en el gasto de farmacia. Algunas ya se han ido aplicando, lo que nos permitió que produjera un ahorro sobre lo que inicialmente habíamos presupuestado. Y, además, hay una aplicación del decreto de farmacia y proyecciones del ahorro por la política de compras.
P. Pero el decreto ni estará en marcha este año. ¿Es posible recortar en julio 197 millones?
R. Se tiene que conseguir. Es un objetivo ambicioso, pero fundamental. La ventaja que tiene nuestro sistema es que si en un momento determinado no se puede conseguir el objetivo, se va a deuda. Las deudas han sido un mecanismo de financiación del sistema y de las economías domésticas que ahora hay que poner en sus justos términos, pero no hay que demonizar. No vamos a poner en riesgo la salud de los ciudadanos por unos objetivos económicos.
P. ¿Qué propuso Andalucía en el último consejo interterritorial?
R. El Ministerio ya tenía una batería de medidas preparadas, como el impulso al principio activo. Para nosotros es un orgullo que la experiencia andaluza se traslade a otros territorios, aunque eso implique que las medidas aprobadas van a tener un impacto muy bajo aquí. Por eso tenemos que buscar otras, como la licitación de moléculas.
P. ¿Qué pierde el sector farmacéutico con estas medidas para que su oposición sea tan fuerte?
R. Cada pata del sector tiene unos intereses. Nosotros llegamos a un preacuerdo con los interlocutores de las oficinas de farmacia. Nadie se puede imaginar las presiones que recibió esa mesa por parte de los otros actores de la cadena del medicamento: distribución, laboratorios, farmacias de otras comunidades. Las oficinas no pierden sus márgenes de beneficio, solo se podía haber alterado su propio margen de gestión del negocio, que también tiene un tope legal, de entre el 5% y el 10%. Pero esa pérdida se le compensaba con otras medidas.
P. Se entiende que lo que ustedes pretenden con el decreto es que ese beneficio de más que se repartía el sector, se lo quede la Administración.
R. Sí, es un dinero que estaba en la cadena del medicamento y queremos que se pueda reingresar a las arcas públicas. A quien puede perjudicar es a la gran industria farmacéutica, pero a las farmacias y a la distribución no tiene por qué afectarle, siempre que las reglas con las que se estuvieran jugando sean las que marca la ley. No hay por qué entender lo contrario.
P. Si cada sector está poniendo algo de su parte para la contención del gasto. ¿Qué pueden poner los ciudadanos?
R. Tienen que saber bien que los impuestos que pagan son fundamentales para el sostenimiento del modelo y para afrontar una enfermedad cuando surja. Además, los ciudadanos tienen que valorar los servicios que se ponen a su disposición. Y yo creo que lo hacen. Legitimar eso conlleva una utilización adecuada de los recursos. Hay un porcentaje de población que aún hace un uso inadecuado, pero los estudios dicen que cada vez son menos.
P. En los últimos días ha habido un goteo de recortes en la sanidad catalana, ¿cómo los valora?
R. Yo no creo que los ciudadanos acudan por gusto a las consultas o a urgencias. Si tienes una fuerte molestia y no consigues cita hasta dentro de una semana en tu médico, es lógico que acudas a urgencias. No comparto esas medidas, que obedecen probablemente a un objetivo muy lineal de reducción de déficit en todos los recursos. Lo más fácil es cerrar los centros en verano, lo complicado es distribuir el ahorro según la eficiencia.
P. ¿Cabría la posibilidad de que prestaciones incluidas en el sistema se saquen? Algunas comunidades hablan de hacerlo en reproducción asistida, por ejemplo.
R. No tiene por qué mientras exista un Gobierno que realmente apueste por el Estado del bienestar. La legitimidad del modelo se la da el que los ciudadanos de clase media se sientan representados por él. Si empezáramos a quitar las prestaciones que repercuten sobre todo en las personas de clase media, como puede ser el caso de la reproducción asistida, estaríamos cometiendo un error histórico. Porque probablemente se produciría desapego de la clase media hacia el sistema y eso, para mí, es el final del Estado del bienestar.
P. La apuesta por la investigación de los últimos años ¿puede ser ahora una losa económica?
R. El conocimiento atrae riqueza. En un primer momento hay que invertir, pero nosotros ya estamos empezando a obtener retornos de esas inversiones. Eso nos permite que en los principales proyectos de investigación la colaboración público-privada ya esté casi al 50%.
P. ¿Se plantea llevar esa colaboración público-privada a la prestación de servicios?
R. No creo que se pueda sin romper el modelo. En los entornos donde se ha optado por privatizar, ni los resultados son más eficientes ni de más calidad, y se pierde el valor de lo público. Soy una firme defensora de que la rentabilidad del servicio público en Andalucía no solo está en términos per cápita, que no llega a 1.200 euros por persona al año, sino que además estamos trasladando un mensaje de sociedad.
P. ¿Por qué ha naufragado el decreto de gestión clínica?
R. Hay que intensificar la tarea pedagógica desde los propios profesionales para que los sindicatos no vivan la gestión clínica como una amenaza. Y, sin duda, nuestro decreto llega después del de reordenación de la función pública, que ha tenido unas secuelas. No siempre se eligen los momentos políticos y estas circunstancias han condicionado que no hubiera un diálogo franco con los sindicatos. Era imposible avanzar cuando los puntos de partida eran tan dispares.