Empleo vuelve a prometer una solución a los ERE impagados
La Junta se comprometió ayer a facilitar "información puntual" sobre las gestiones puestas en marcha para que se paguen las pólizas que se adeudan a jubilados acogidos a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los viceconsejeros de Empleo y de Hacienda y Administración Pública se reunieron ayer con representantes sindicales y acordaron que una comisión de seguimiento valorará la situación dos veces por semana.
Según explicó en una nota la secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CC OO, Miriam Pinillos, los avances deben ser en tres direcciones: el pago de las ayudas so...
La Junta se comprometió ayer a facilitar "información puntual" sobre las gestiones puestas en marcha para que se paguen las pólizas que se adeudan a jubilados acogidos a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los viceconsejeros de Empleo y de Hacienda y Administración Pública se reunieron ayer con representantes sindicales y acordaron que una comisión de seguimiento valorará la situación dos veces por semana.
Según explicó en una nota la secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CC OO, Miriam Pinillos, los avances deben ser en tres direcciones: el pago de las ayudas sociolaborales, la formalización de las pólizas de las empresas afectadas con otra aseguradora española y la "normalización de situaciones que fueron consideradas irregulares, pero que no lo son".
Pinillos consideró la reunión "satisfactoria pero con cautelas" y admitió que se ha producido un avance "muy importante" con respecto al traspaso de las 20 empresas aseguradas por Apra Leven a otra entidad. La consultora encargada de este proceso ya tiene valoradas a 17 de estas empresas, de las que "ocho o nueve" podrían tener formalizadas sus nuevas pólizas antes de que acabe julio.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, también consideró "positivo" el encuentro. La "prioridad", afirmó, es cambiar las pólizas a cargo de Apra Leven, pero advirtió de que es "muy complejo". "Tenemos que rescatar pólizas de una compañía quebrada y es difícil", dijo.
Por su parte, el Tribunal Supremo ha admitido el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta a raíz de que la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los ERE, reclamara las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.