La juez citará como imputado a Margüello por las irregularidades en Sanidad
La magistrada pide a la Cámara las actas de la comisión de investigación
Dos años después de que se conocieran las supuestas irregularidades en contratos de Sanidad con varias empresas privadas entre 1996 y 2009, el médico cuyo apellido da nombre coloquialmente al caso, José Carlos Margüello, será citado como el primer imputado en la causa abierta por malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La juez decidió la pasada semana solicitar al Parlamento que remita a la Audiencia de Vizcaya todas las actas de los trabajos de la comisión que ha investigado estas supuestas irregularidades. Esto supondrá la remisión de las g...
Dos años después de que se conocieran las supuestas irregularidades en contratos de Sanidad con varias empresas privadas entre 1996 y 2009, el médico cuyo apellido da nombre coloquialmente al caso, José Carlos Margüello, será citado como el primer imputado en la causa abierta por malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La juez decidió la pasada semana solicitar al Parlamento que remita a la Audiencia de Vizcaya todas las actas de los trabajos de la comisión que ha investigado estas supuestas irregularidades. Esto supondrá la remisión de las grabaciones de medio centenar de comparecencias y una ingente cantidad de documentación e informes técnicos que hasta ahora no han sido públicos.
Es el primer imputado en el eje central del caso en los tribunales
La orden fue dictada dos días antes de que el Parlamento debatiera públicamente el texto que aglutina las conclusiones de la comisión de investigación. Estas reiteran, tras la comisión de investigación más larga de la historia de la Cámara, que hubo irregularidades, perjuicio económico para las arcas públicas —que no ha podido ser cuantificado— y señala que es ilógico que la cúpula sanitaria desconociera la existencia de estas prácticas o no participara en ellas. La juez establece que, después de recibir esta documentación, establecerá la fecha de citación para que Margüello acuda a declarar. Se convierte así en el primer citado en calidad de imputado dentro de la causa que recoge el eje central del caso Margüello.
Una segunda causa vinculada al caso, esta vez por un delito de prevaricación imputado al exdirector territorial de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, ha sido sobreseída provisionalmente. Margüello, exjefe de Calidad del Hospital de Cruces y amigo personal del exconsejero de Sanidad, Gabriel Inclán, es la persona vinculada con el grupo de empresas que se beneficiaron de las supuestas irregularidades en los contratos, entre ellas Medical Dom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Por medio de los contratos, estas empresas recibieron más de 30 millones.
El Hospital de Cruces suspendió a Margüello de su puesto de funcionario hace ahora un año, hasta 2016, lo que le impide trabajar en la Administración. El centro sanitario justificó la medida, la más contundente que se puede aplicar a un funcionario al margen de la expulsión, con las ausencias injustificadas de su puesto motivadas por sus actividades en la red sanitaria privada y con el conflicto de intereses que suponía trabajar en Osakidetza y en empresas privadas contratadas por Sanidad al mismo tiempo.
Las empresas investigadas no podían contratar con Sanidad precisamente por el vínculo público de este médico, ya que al tener este funciones directivas en las compañías privadas —firmaba peticiones de aumento de tarifas, negociaba con la Administración y rubricaba convenios con otros centros sanitarios— se debía aplicar el régimen de incompatibilidades, algo que no se hizo.
Este extremo fue rechazado por el médico, que en su comparecencia parlamentaria redujo su implicación en las empresas a la de un simple asesor y justificó los contratos y escritos firmados por él asegurando que se trataba de una cuestión de estrategia empresarial.
La resolución aprobada el pasado viernes en el Parlamento, con el único voto en contra del PNV, los votos a favor de PSE, PP y UPyD y la abstención de Aralar, EA y EB, indica que será remitida a la Fiscalía. Este paso no ha sido dado aún. La resolución deberá ir acompañada ahora por todas las actas de la comisión, desde el día de su constitución en noviembre de 2009, hasta que votó su dictamen final el 11 de mayo de este año.