El estallido de la burbuja congela el negocio inmobiliario valenciano
La crisis ha dejado estos cuatro años a decenas de urbanizaciones en el dique seco
Y el tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria llegó. Si la legislatura de 2003 a 2007 fue la del cemento y el tsunami urbanístico, la que ahora termina ha sido la del parón y la crisis. Promotores y constructores, algunos famosos, se han quedado por el camino. Como decenas de urbanizaciones de costa y macroproyectos residenciales, que duermen el sueño de los justos en un cajón, cuando no se han abandonado definitivamente. Las entidades financieras cerraron el grifo de los préstamos y el castillo de naipes se vino abajo.
¿Qué ha sido de macroproyectos como Gran Manises (1...
Y el tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria llegó. Si la legislatura de 2003 a 2007 fue la del cemento y el tsunami urbanístico, la que ahora termina ha sido la del parón y la crisis. Promotores y constructores, algunos famosos, se han quedado por el camino. Como decenas de urbanizaciones de costa y macroproyectos residenciales, que duermen el sueño de los justos en un cajón, cuando no se han abandonado definitivamente. Las entidades financieras cerraron el grifo de los préstamos y el castillo de naipes se vino abajo.
¿Qué ha sido de macroproyectos como Gran Manises (10.000 nuevas casas), Nou Mil·leni (con otras 12.000), Marina d'Or, en Castellón o el plan Rabassa, en Alicante. ¿Y de Sociópolis?, proyecto que el Consell vendió como paradigma de nuevo barrio urbano.
Sociópolis, proyecto emblemático del Consell, apenas se está desarrollando
Los macroproyectos de Gran Manises y Nou Mil·leni están parados
Marina d'Or tardará más de 20 años en ejecutarse, según su promotor
Este es el estado de cada uno de esos ambiciosos programas urbanísticos en la actualidad.
Sociópolis (Valencia). Este proyecto lleva el sello de la Generalitat, que se propuso al promoverlo construir un nuevo modelo de barrio de vivienda asequible, con nuevo entornos habitables e integrando la huerta. Sociópolis se presentó en 2003 como un proyecto en el que participaron 13 arquitectos internacionales. Eran 2.800 viviendas protegidas (650 en regimen de alquiler), al sur de la ciudad de Valencia, en la pedanía de La Torre, situado entorno al nuevo cauce del Turia, en una superficie de alrededor de 350.000 metros cuadrados. Territorio aprobó el plan especial del barrio en 2005 e incorporó a los planos viviendas de renta libre y concertada, algo que no estaba previsto originariamente.
Ahora este barrio solo tiene en ejecución seis de sus dieciocho promociones y el resto se ha ralentizado, sobre todo por los problemas de los promotores para conseguir financiación con la que levantar los pisos. Algunas constructoras han pedido incluso a los adjudicatarios de estos pisos, que renuncien a su vivienda.
Gran Manises (Manises). Este plan urbanístico tiene prevista la construcción de cerca de 10.000 viviendas -un 65% de protección oficial (VPP), sobre una superficie de cerca de 1,4 millones de metros cuadrados. Fue promovido por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) junto a la promotora alicantina Ortiz e hijos.
Su tramitación ha sido accidentada. Se aprobó condicionado a una serie de mejoras, ha sido investigado por la Unión Europea -tras la denuncia de un colectivo de vecinos-. Nada se sabe de la macrourbanización.
Nou Mil·leni (Catarroja). Este proyecto, capitaneado por el IVVSA y la promotora Llanera, preveía la construcción de 12.000 nuevas casas -la mitad protegidas- en esta localidad de 22.000 habitantes. Después de muchas vicisitudes, el proyecto se encuentra suspendido por el Tribunal Supremo, por lo menos en lo que se refiere a colocar un solo ladrillo. El alto tribunal acaba de desestimar los recursos de casación presentados en su día por la Generalitat, el Ayuntamiento de Catarroja y la constructora contra un auto dictado por el TSJ valenciano. Los socialistas interpusieron un recurso contra la aprobación definitiva del plan y cifran en 70.000 euros lo que el equipo de gobierno local del PP-UV lleva gastados en defensa de este PAI.
PGOU Castellón. En Castellón, las formas para el diseño del urbanismo en Castellón también han topado con los tribunales. Aunque la aprobación del PGOU de la capital de La Plana se remonta a 2000, ha sido en esta legislatura cuando, tras un largo y complejo litigio, se ha resuelto el pleito que ha provocado una de las más severas condenas al ayuntamiento. La vulneración del proceso de participación ciudadana en la aprobación de aquel PGOU, cuando era concejal de Urbanismo el actual alcalde, Alberto Fabra, supuso que, en diciembre de 2008, el Tribunal Supremo anulara la aprobación de todo el planeamiento y suspendiera y dejara sin posibilidad de desarrollo el plan durante casi un año, hasta que fue aprobado de nuevo con los trámites cumplidos. La suspensión del PGOU coincidió con el parón en la construcción a causa de la crisis, con los que sus consecuencias apenas se percibieron. En cualquier caso, sirvió de excusa para que la Generalitat paralizara algunas inversiones previstas en las zonas afectadas por la sentencia judicial.
Marina d'Or. Después de años de tramitación, en junio de 2010 el Consell aprobó el PAI Marina d?Or Golf, la que será la macrourbanización más grande de la Comunidad Valenciana, sobre una superficie de más de 18 millones de metros cuadrados, entre Oropesa y Cabanes. Pese a la crisis, su promotor, Marina d?Or, nunca dejó de reclamar la aprobación de este programa, que se presentó con la excusa de dar cobertura a un parque temático que había de ser impulsado por la administración y cuya ejecución está, de momento, descartada. Marina d?Or Golf tiene prevista la construcción de tres campos para la práctica de dicho deporte, siete hoteles, más de 30.000 viviendas y zonas de ocio y comerciales. Sin embargo, su promotor ya ha reconocido que tardará más de 20 años en ejecutarse. De momento, está aprobado y la población potencial que arrastrará multiplicará por más de diez la suma de los actuales habitantes de Oropesa y Cabanes.
Plan Rabassa. Se planteó como el programa urbanístico más ambicioso de la historia de la Alicante y, a la postre, también ha devenido en el más polémico. Su gestación se remonta a 2002, cuando el promotor Enrique Ortiz proyecto urbanizar las Lagunas de Rabassa, en la perifería norte de la capital. Tras varias modificaciones, finalmente el Consisitorio autorizó un macroprograma que prevía levantar 13.503 casas (8.000 VOP) sobre 41, 1 millones de metros cuadros. El proyecto generó un amplio rechazo social, canalizado a través de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. El PAI está pendiente también de la resolución de Tribunal Superior de Justicia acerca de su legalidad. Inicialmente, el alto tribunal decretó la suspensión cautelar, pero a los tres merses retiró el vetó. No obstante, el promotor no ha movido ni una piedra. En los últimos meses el plan Rabassa ha vuelto a saltar a la palestra por la iniciativa del Ayuntaimiento de instalar una tienda de IKEA.
La Nucía y Altea. En la provincia de Alicante el parón del ladrillo ha dejado en el dique seco decenas de PAI, prácticamente no había localidad que no contará con una propuesta para levantar una macrourbanización. La Nucía y Altea merecen una mención especial. La primera, con el PAI de la Serreta, uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana con unas 4.000 casas, y en Altea, el PAI de L'Algar, con otras tantas viviendas.
La legislatura de la crisis
- Estrategia Territorial. El Consell aprobó el pasado enero la hoja de ruta que debe guiar el urbanismo valenciano hasta 2030. Eso si, nace sin presupuesto ni el consenso de la oposición. Es pronto para evaluar su aplicación.
- Reforma de la LUV. Las modificaciones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), todavía pendiente del dictamen de la Comisión Europea, se anunciaron pero no se han hecho. El Consell esperará a que Europa se pronuncie.
- Planes prorrogados. En verano de 2010 y a la vista del retraso que arrastraban muchos de los PAI (Programas de Actuación Integrada) presentados a la Generalitat, el Consell decidió que se prorrogaran automáticamente, salvo que los Ayuntamientos decidan lo contrario