Ocupada y a la venta
Acostumbrados a confundir la información con la propaganda, el PP valenciano acudió reclamante a la Junta Electoral. Motivo: algunas televisiones osaron contar a sus espectadores que las listas de los candidatos de ese partido a los próximos comicios estaba plagada de imputados e implicados en notables escándalos de corrupción y el sentido de la realidad de los populares no coincidía con el de los informadores.
La misma mañana en la que se conocía la noticia de este nuevo modelo de censura, afortunadamente rectificado después por la dirección nacional del PP, intervenía en el madrileño ...
Acostumbrados a confundir la información con la propaganda, el PP valenciano acudió reclamante a la Junta Electoral. Motivo: algunas televisiones osaron contar a sus espectadores que las listas de los candidatos de ese partido a los próximos comicios estaba plagada de imputados e implicados en notables escándalos de corrupción y el sentido de la realidad de los populares no coincidía con el de los informadores.
La misma mañana en la que se conocía la noticia de este nuevo modelo de censura, afortunadamente rectificado después por la dirección nacional del PP, intervenía en el madrileño Foro de Nueva Economía el secretario general de los socialistas valencianos. Los participantes en aquel desayuno-conferencia, sorprendidos ante el disparate, le pidieron opinión a Jorge Alarte sobre semejante osadía. Y respondió que los populares trataban de hacer con las televisiones acusadas lo mismo que con su televisión autonómica, donde por supuesto no se incurrió en el fallo de informar sobre candidatos concernidos por la corrupción, como no se informa de nada que no pase por la conveniencia del partido gobernante en Valencia. Pero lo más significativo no fue la respuesta de Alarte, sino la evidencia de que no le sorprendía nada este nuevo atrevimiento de sus adversarios políticos. Tal vez los asistentes madrileños ignoraran que el PP valenciano trató incluso de impedir la manifestación contra la corrupción que llevó a miles de ciudadanos a la calle el 26 de marzo pasado.
Aguirre pretende privatizar Telemadrid, y no para poner en orden sus cuentas
Claro que si en la lista de televisiones denunciadas no se hallaba Canal Nou, tampoco estaba Telemadrid, con lo cual se da por descontado que la televisión pública de esta Comunidad no incurrió en tamaña falta para tranquilidad de su presidenta. A Esperanza Aguirre, sin embargo, no le bastan estas tranquilidades para aliviar su rechazo a las televisiones públicas. Una verdadera televisión pública, democrática por supuesto, solo le interesa como aparato de propaganda. Y como tal va a seguir ocupándola mientras no decida entregarla definitivamente al que considere desde sus intereses el mejor postor. Ella pretende la privatización de Telemadrid, y no precisamente para poner en orden las cuentas de una gestión nefasta, sino para que esa televisión, que de hecho ya es privada, es decir, de ella y de los suyos, siga haciendo lo mismo sin tener que pedir disculpas a Zapatero y a Rubalcaba, como ha hecho, no por dejar de cumplir con decencia su misión informativa en una disposición rayana en la miseria, entrando al juego de la confusión al que el PP se entrega con el terrorismo, la libertad de expresión y con todo lo que se le ponga por delante, que ese es su programa, sino para que no se disgusten el presidente y su segundo, lo único que al parecer lamentarían los irresponsables de Telemadrid si en su disculpa no emplearan la burla.
Pero no es el disgusto de los gobernantes lo que nos afecta a los ciudadanos -les va en el sueldo-, es la falta de ética política y de deontología profesional lo que nos incumbe. Y nos incumbe especialmente porque pagamos esa televisión. Dejaremos de pagarla, con la consiguiente pérdida del derecho a protestar como esfuerzo inútil, si la presidenta consigue que pase de ser patrimonio de todos a tener unos afortunados propietarios por la vía de la adjudicación amistosa que deje colocados a sus amigos, al estilo de las privatizaciones del PP, para prestarle a ella los servicios que le vienen prestando los agradecidos poseedores de frecuencias radioeléctricas, concedidas desde la generosidad presidencial. No es que se den espectáculos especialmente democráticos en esos guirigáis televisivos, ni que la pluralidad nos ofrezca una diversidad de voces, pero la ideología de la presidenta encuentra en ellos buena acogida. Y de eso se trata.
Así que con el mismo cinismo que en su huida hacia delante los implicados en la corrupción firman manifiesto contra la corrupción, o ciertos defensores de la libertad de expresión la atacan un día y la defienden otro, acaba de aparecer en el Congreso un diputado valenciano del PP, Chiquillo de apellido, a pedirle cuentas a Alberto Oliart de la actuación informativa de TVE, impecable en los tiempos que corren, mientras Canal Nou es el ejemplo más escandaloso de lo que no puede ser una televisión pública en una normal situación democrática. No me extrañaría pues que, siguiendo la misma línea de desvergüenza, Pío García Escudero, por ejemplo, tratara uno de estos días de poner a Oliart contra las cuerdas en el Senado en la convicción de que Telemadrid es un modelo de televisión pública, cuyo ejemplo debe irradiar a otras. La táctica del PP de atacar para defenderse presenta estos casos de mundo al revés. Algunos ciudadanos que se sienten tratados como idiotas tienen por algo más duro a quienes por eso los toman, pero no seré yo quien ponga aquí el adjetivo que los describe por si, en contra de mis principios, incurro en insulto.