Juegos peligrosos
La instrucción judicial del caso Faisán ha sacado a la luz datos nuevos sobre las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y el PSOE, de un lado, y la banda terrorista y su brazo político, de otro, entre 2005 y 2007. El PP parece dispuesto a reanudar con fines electorales la utilización de la lucha terrorista, que llegó durante la anterior legislatura hasta el extremo de acusar a Zapatero de traicionar a los muertos. El deseo del PP de ampliar la ya considerable ventaja de intención de voto registrada en los sondeos va de la mano con la voluntad de aniquilar la imagen de Rubalcaba com...
La instrucción judicial del caso Faisán ha sacado a la luz datos nuevos sobre las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y el PSOE, de un lado, y la banda terrorista y su brazo político, de otro, entre 2005 y 2007. El PP parece dispuesto a reanudar con fines electorales la utilización de la lucha terrorista, que llegó durante la anterior legislatura hasta el extremo de acusar a Zapatero de traicionar a los muertos. El deseo del PP de ampliar la ya considerable ventaja de intención de voto registrada en los sondeos va de la mano con la voluntad de aniquilar la imagen de Rubalcaba como eventual candidato del PSOE en 2012.
La negociación fue autorizada por el Congreso el 17 de mayo de 2005 con el voto en contra del PP. La moción apoyaba el diálogo "entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia" bajo tres condiciones: 1. "Clara voluntad" y "actitudes inequívocas" de ETA de renunciar al terrorismo; 2. Respeto al principio democrático de que las cuestiones políticas deben resolverse a través de los representantes legítimos de la voluntad popular, y 3. Aceptación de que "la violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia". Después de casi tres años sin víctimas mortales, ETA declaró el 22 de marzo de 2006 un "alto el fuego permanente". El presidente del Gobierno dio su visto bueno tres meses más tarde. Pero el sangriento atentado de la T-4 del 30 de diciembre de ese mismo año pondría fin en la práctica a la tentativa, cerrada oficialmente por ETA en junio de 2007.
El 'caso Faisán' revela nuevos datos sobre la negociación del Gobierno con ETA en la pasada legislatura
Las notas pro memoriam incautadas al jefe del aparato militar de la banda muestran la falta de disposición de ETA a cumplir las condiciones establecidas por la moción parlamentaria. La discusión sobre la veracidad de esas supuestas actas es una pérdida de tiempo: aunque sean un apresurado testimonio de parte, no cabe invalidar esos papeles como una falsificación. El tono maximalista de las declaraciones a Gara y de los comunicados de ETA, la agresividad y la chulería de los presos durante los juicios en la Audiencia Nacional, la continuidad de la kale borroka y del envío de cartas de extorsión a empresarios, la exhibición armada de Oyarzun y el robo de pistolas en Francia fueron otros tantos indicios confirmatorios de que el presidente Zapatero se había tirado a una piscina vacía por defectuosa información o por optimismo antropológico.
El Gobierno hubiese debido adoptar la decisión de cerrar unas negociaciones abocadas al fracaso antes de la voladura de la T-4 y desde luego resistirse a la tentación de prolongarlas después del atentado de Barajas. Y si bien la moción del Congreso hace jurídicamente extravagante la petición de responsabilidades penales, el Gobierno debería haber asumido ante la Cámara las responsabilidades políticas de esa estrategia equivocada, en lugar de atribuir a su indeseado fracaso -los renglones torcidos de Dios- el mérito del posterior debilitamiento de ETA.