A vueltas con el Estatuto
Durante el último debate de política general celebrado en el Parlamento de Galicia, en varias ocasiones y a través de diferentes portavoces, volvió a plantearse la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, estableciéndose en las diferentes intervenciones una relación causa-efecto entre el bloqueo de la reforma y la situación política, económica y social de Galicia. Yo tendría mucha precaución en establecer de forma mecánica y simplista esa relación. Porque si tal idea prosperase entre los ciudadanos, estaríamos exonerando al Gobierno de turno -y a todos los anteriores- de cualquier respo...
Durante el último debate de política general celebrado en el Parlamento de Galicia, en varias ocasiones y a través de diferentes portavoces, volvió a plantearse la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, estableciéndose en las diferentes intervenciones una relación causa-efecto entre el bloqueo de la reforma y la situación política, económica y social de Galicia. Yo tendría mucha precaución en establecer de forma mecánica y simplista esa relación. Porque si tal idea prosperase entre los ciudadanos, estaríamos exonerando al Gobierno de turno -y a todos los anteriores- de cualquier responsabilidad política sobre la situación que atraviesa Galicia.
Es cierto que el bloqueo de la reforma impuesta por Feijóo desde sus días de jefe de la oposición ha perjudicado seriamente a Galicia. El ejemplo más evidente de ese perjuicio lo tenemos en la negociación de la financiación autonómica, en la que comunidades como Cataluña, Andalucía, Valencia o Madrid además de tener un peso demográfico (electoral) y económico muy superior a Galicia contaban con el respaldo legal que la reforma de sus respectivos Estatutos confería a sus demandas, algo de lo que carecía Galicia, porque sus fuerzas políticas fueron incapaces de reformar nuestra Ley Fundamental en la pasada legislatura.
La necesidad de mejorar nuestro autogobierno no puede servir a Feijóo para justificar su inoperancia
Dicho lo cual, es preciso preguntarse si los déficits de nuestra economía y de nuestra sociedad tienen su origen en las insuficiencias del Estatuto o son consecuencia de la gestión que han realizado los distintos Gobiernos que dirigieron la política gallega, Gobiernos conservadores desde hace treinta años, con los dos breves paréntesis que supusieron el Ejecutivo presidido por González Laxe y el bipartido dirigido por Touriño. Yo creo que esto segundo, y no el Estatuto, es la causa principal que explica la situación precaria que atraviesa Galicia.
En efecto, nuestra comunidad tiene un importante poder político, ejerce competencias legislativas y administrativas que no dependen del poder central, dispone de una importante Administración pública y desde 1989, año en el que llegó Fraga al poder, los Gobiernos que dirigieron Galicia dispusieron de un presupuesto acumulado de aproximadamente 135.000 millones de euros. Supongo que alguna responsabilidad tienen de lo que pasa en esta tierra. Y, efectivamente, la tienen. No creo que pueda achacarse al Estatuto que en los sucesivos presupuestos de la Xunta aumenten cada año la financiación de la enseñanza privada en detrimento de la pública, impulsando así un sistema de educación dual y la existencia subsiguiente de patrones desiguales de fracaso escolar entre los diferentes grupos sociales. Como tampoco puede recaer sobre el Estatuto la decisión de la creciente externalización y privatización de la provisión de servicios sanitarios, de las insoportables listas de espera, que amenazan con desvirtuar la equidad y la eficiencia clínica del sistema, o el sistemático incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades. Tampoco se explica por esta razón que durante tantos años no se hayan dedicado suficientes fondos públicos al desarrollo de los servicios sociales, cuya situación, junto al paro y a la precariedad laboral, explican en gran medida la catástrofe demográfica de Galicia. Del mismo modo, no se puede cargar sobre el debe del Estatuto la baja calidad de nuestra democracia. Nadie en su sano juicio puede invocar las insuficiencias estatutarias para justificar que los medios de comunicación públicos sean un mero instrumento de propaganda del Gobierno de turno, situación que llevó en su día al Valedor do Pobo a afirmar, desde la solemnidad parlamentaria y en el contexto de un informe anual, que los medios de comunicación públicos no respetan el pluralismo político y social y no practican la veracidad informativa.
Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito y la conclusión sería siempre la misma: la principal responsabilidad de la situación económica y social de Galicia hay que situarla en la política que practica la Xunta de Galicia y no en el Estatuto. ¿Significa todo lo dicho que la reforma estatutaria es un tema menor o sin importancia? De ninguna manera. Al contrario, dicha reforma es imprescindible tanto para mejorar nuestro autogobierno como para que Galicia recupere el protagonismo que tuvo en el pasado en el diseño del Estado autonómico y del que carece en el presente. Pero resulta evidente que la necesidad de reforma de nuestro Estatuto y la mejora de nuestro autogobierno no pueden servir para que Feijóo justifique su inoperancia, responsabilice en exclusiva al Gobierno central de nuestros problemas y pueda zafarse de la necesaria rendición de cuentas por su acción gubernamental.