Domínguez no resolverá sobre el aeropuerto de Castellón
La reclamación del derecho a un juez imparcial y a un proceso justo esgrimidos por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) han sido oídos y el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, no resolverá el recurso contra el archivo del presunto delito contra el medio ambiente denunciado por los ecologistas por las obras del aeropuerto.
Gecen denunció que la voladura de la montaña de Santa Bárbara no estaba incluida en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada para el proyecto de las instalaciones aeroportuarias, ubicadas entre los término...
La reclamación del derecho a un juez imparcial y a un proceso justo esgrimidos por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) han sido oídos y el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, no resolverá el recurso contra el archivo del presunto delito contra el medio ambiente denunciado por los ecologistas por las obras del aeropuerto.
Gecen denunció que la voladura de la montaña de Santa Bárbara no estaba incluida en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada para el proyecto de las instalaciones aeroportuarias, ubicadas entre los términos de Benlloch y Vilanova de Alcolea. El caso fue archivado por el juzgado y los ecologistas recurrieron esa decisión con un escrito que fue a parar a la sección primera de la Audiencia, que preside Domínguez y en la que un total de cuatro magistrados había resuelto ya otros recursos sobre el mismo procedimiento. Según los ecologistas, la participación de estos "no se ha limitado a un mero control formal de cuestiones accesorias, sino un conocimiento profundo de las diligencias entrando a resolver sobre las cuestiones candentes de las mismas". Así, alegaron la "contaminación" de estos y recusaron a Domínguez y a otros tres magistrados que, finalmente, han decidido abstenerse de la resolución del caso, que tendrá que ser reasignado.
Según fuentes de Gecen, "arrasar 200 hectáreas sin estudio ni declaración de impacto ambiental es lo nunca visto en la provincia en décadas", por lo que exigieron "justicia y que quienes aparezcan como responsables de arrasar 200 hectáreas sean juzgados con garantías por ello".