El juez imputa al presidente de Agrolimen por delito fiscal
El juez de Barcelona que investiga un presunto fraude fiscal cometido por varios integrantes de la familia Carulla ha citado a declarar como imputado para dentro de un mes al presidente del grupo Agrolimen, Artur Carulla, y a su hermana Aurelia, copropietaria de algunas de las sociedades que integran uno de los grupos industriales más importantes de Cataluña. El juez ya interrogó como imputado a tres semanas a otro de los hermanos, Jordi, en relación con una serie de operaciones que no tributaron al fisco.
El informe preliminar de la Agencia Tributaria que ha dado pie a estas diligencia...
El juez de Barcelona que investiga un presunto fraude fiscal cometido por varios integrantes de la familia Carulla ha citado a declarar como imputado para dentro de un mes al presidente del grupo Agrolimen, Artur Carulla, y a su hermana Aurelia, copropietaria de algunas de las sociedades que integran uno de los grupos industriales más importantes de Cataluña. El juez ya interrogó como imputado a tres semanas a otro de los hermanos, Jordi, en relación con una serie de operaciones que no tributaron al fisco.
El informe preliminar de la Agencia Tributaria que ha dado pie a estas diligencias señala que entre 2003 y 2006 se pudo defraudar a la Hacienda pública unos 160 millones de euros, aunque la cifra no está cuantificada oficialmente. La investigación se centra en esas operaciones, que Jordi Carulla dijo no recordar y a quien el juez le reclamó diversa documentación. Fuentes judiciales explicaron que el juez pretende esclarecer cada una de las operaciones interrogando a las personas que intervinieron en cada caso, aunque todo indica que acabarán imputados los seis hermanos.
La fiscalía sostiene que todas las operaciones bajo sospecha salpican a Jordi Carulla, mientras que los abogados defensores argumentan que residía en Estados Unidos y Reino Unido cuando ocurrieron los hechos y que no tenía obligación de declarar. La fiscalía, por el contrario, sostiene que eso es irrelevante y que las operaciones debieron tributar en España y que no ocurrió porque se emplearon sociedades pantalla radicadas en Antillas Holandesas, Costa Rica y Uruguay.