Irresponsabilidad continuada
"Va a tener que dar las explicaciones que la Justicia le reclama y que los ciudadanos tienen derecho a saber". Ayer se hizo público que la fiscalía califica la conducta del presidente de la Generalitat en relación con los regalos recibidos de la trama Gürtel como un "delito continuado de cohecho", pero la diputada del PP Alicia de Miguel no se refería a él sino al portavoz de la oposición, Ángel Luna, que reforzó su denuncia de la corrupción en un pleno esgrimiendo una copia de un informe, entonces bajo secreto sumarial aunque difundido en varios medios de comunicación, sobre el dinero sustraí...
"Va a tener que dar las explicaciones que la Justicia le reclama y que los ciudadanos tienen derecho a saber". Ayer se hizo público que la fiscalía califica la conducta del presidente de la Generalitat en relación con los regalos recibidos de la trama Gürtel como un "delito continuado de cohecho", pero la diputada del PP Alicia de Miguel no se refería a él sino al portavoz de la oposición, Ángel Luna, que reforzó su denuncia de la corrupción en un pleno esgrimiendo una copia de un informe, entonces bajo secreto sumarial aunque difundido en varios medios de comunicación, sobre el dinero sustraído de la televisión valenciana con la excusa de la visita del Papa.
En tanto que supuesto autor de un delito continuado de cohecho, siempre de acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de la Generalitat habría recibido de finales de 2005 a octubre de 2008 trajes, corbatas, zapatos y americanas por un valor de 14.021 euros. Sus colegas de partido y de imputación, Rafael Betoret, Ricardo Costa y Víctor Campos, completan con Francisco Camps un buen fondo de armario de 30.324 euros en sobornos, más de cinco millones de las antiguas pesetas.
Puede que en el mundo al revés en que el PP ha convertido la vida pública valenciana, con la oposición sometida a insistentes rendiciones de cuentas y el Gobierno instalado en una irresponsabilidad continuada, tenga alguna lógica que la diputada De Miguel se dedique a combatir el anonimato con el que llegan ciertas denuncias a los diputados que cumplen con su obligación. Está, es obvio insistir en ello, en su pleno derecho. En el mundo de lo razonable, sin embargo, se entiende mal que nadie en el PP ni en el Consell piense "que los ciudadanos tienen derecho a saber" por qué hubo sobornos, adjudicaciones irregulares, comisiones ilegales y financiaciones irregulares que implican a las altas esferas de la Generalitat. Y no se entiende de ninguna manera que la pretensión corporativa de un partido y una administración en bloque sea que tales actos queden impunes.
Porque de eso se trata. Empeñados en combatir los graves problemas judiciales a golpe de encuestas, los populares valencianos, y la dirección española del partido que preside Mariano Rajoy, afrontan un escenario en el que intentan curar con votos las imputaciones, como si una victoria electoral el próximo 22 de mayo pudiera hacer desaparecer la perspectiva de un presidente del Consell que tiene todos los números para ser juzgado. ¿De verdad cree alguien que la próxima legislatura va a poder deshacerse del hedor y la promiscuidad pegajosa de la corrupción sin que se asuman, en uno u otro grado, las responsabilidades pertinentes? La anestesia no cura la enfermedad, sólo la hace circunstancialmente tolerable.