El Estado autonómico
Con frecuencia la vida política española ha estado presidida, demasiadas veces monopolizada, por la confrontación, entre dos nacionalismos de signo diferente. Uno, el nacionalismo español, impulsado en este momento por el PP que propone una rancia idea de España basada en un nuevo centralismo patrio y la vuelta a viejas concepciones, precisamente las que superamos hace más de tres décadas a través de la vigente Constitución. Otro, más exactamente otros, diferentes nacionalismos periféricos empeñados en una permanente desconfianza y siempre renuentes al proyecto común.
Pero hoy es eviden...
Con frecuencia la vida política española ha estado presidida, demasiadas veces monopolizada, por la confrontación, entre dos nacionalismos de signo diferente. Uno, el nacionalismo español, impulsado en este momento por el PP que propone una rancia idea de España basada en un nuevo centralismo patrio y la vuelta a viejas concepciones, precisamente las que superamos hace más de tres décadas a través de la vigente Constitución. Otro, más exactamente otros, diferentes nacionalismos periféricos empeñados en una permanente desconfianza y siempre renuentes al proyecto común.
Pero hoy es evidente que el Partido Popular y determinados sectores económicos han desatado una dura campaña para desacreditar el Estado autonómico. Aprovechando la grave crisis económica y social que atraviesa el país, dichos sectores no tienen reparo en estigmatizar a las autonomías y atribuirles, contra toda evidencia, la responsabilidad del déficit público, presentando como alternativa las viejas recetas centralistas y activando el españolismo reactivo y primario que caracterizó a la derecha española durante buena parte del pasado siglo. Los mencionados actores político-sociales, entre los que por desgracia se encuentran miembros del Gobierno y del Partido Socialista, cuando denuncian duplicidades y desajustes en nuestro modelo de Estado se olvidan casualmente de señalar el excesivo número de ayuntamientos que hay en España (más de 8.000), la pervivencia de instituciones anacrónicas como las Diputaciones o la injustificable inadaptación de la Administración central al desarrollo del Estado de las Autonomías. Y, cuando proponen, como hace Rajoy, drásticos recortes en el gasto de las autonomías e infranqueables techos de endeudamiento y déficit pasan por alto intencionadamente que las comunidades autónomas gestionan una parte esencial del gasto social en España (sanidad, educación y la mayoría de los servicios sociales), y que dicho gasto social represente una parte sustancial de los presupuestos autonómicos, alcanzando en el caso de Galicia el 71% del presupuesto de la Xunta. Por eso resulta evidente que esta ofensiva antiautonomista persigue objetivos inequívocos: la recentralización del poder político, el recorte del Estado del bienestar y el desprestigio de lo público.
La meta antiautonomista es recentralizar el poder, recortar el bienestar y desprestigiar lo público
Es cierto que la estructura del Estado no se resolvió en la Constitución y, por tanto, muestra un déficit de legitimidad de origen. Por eso la construcción del Estado autonómico ha sido, y sigue siendo, el producto de las mayorías parlamentarias existentes en cada momento, de los subsiguientes pactos políticos y de las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero esa legitimidad de origen del momento constituyente solo puede corregirse mediante una reforma constitucional. De lo contrario, el desarrollo del Estado seguirá al albur de los resultados electorales -como amenaza el PP- y de los acuerdos políticos que dichos resultados obliguen a realizar. Por esta razón, solo la reforma de la Constitución puede encauzar el proceso y reconducir una indeseable deriva política. Reforma que debe afectar tanto al Título VIII como al Título III (reforma del Senado) que permita la participación de las comunidades autónomas en el diseño estratégico del Estado, tal como contempla el artículo 69 de nuestra Constitución, y tal como ocurre en todos los países que como el nuestro, son descentralizados y compuestos. Esta sería junto a la reforma del Estatuto de Autonomía, el modelo que convendría a Galicia, porque si no cambia la estructura en la toma de decisiones, Galicia acabará en el rincón del olvido y sus intereses se verán marginados.
En tales circunstancias, es preciso que Feijóo explique cuál es su posición ante esta inaceptable ofensiva antiautonomista. Desde luego, como presidente de la primera institución del país, no puede seguir evadiendo su responsabilidad en esta crucial cuestión -tampoco en temas de la envergadura de las cajas de ahorro -, escondiéndose tras los malabarismos dialécticos, vacíos de todo contenido, a los que nos tiene tan acostumbrados. ¿Por qué modelo se decanta el locuaz presidente de la Xunta? Me permito recomendarle a Feijóo -también a Rajoy- que antes de contestar lea con atención la intervención que Manuel Fraga realizó en el año 1994 -¡ya pasó agua bajo los puentes!- aprovechando el debate de política general que se celebra anualmente en el Parlamento de Galicia. Quién nos iba a decir que estos personajes que se autoproclaman centrados y modernos no le llegarían intelectualmente a la suela de los zapatos a un demócrata sobrevenido como Fraga, a un dinosaurio procedente del antiguo régimen. Así está el patio.