El deterioro de la política
No creo que nadie discuta que estamos asistiendo desde hace tiempo a un intenso deterioro y a un peligroso desprestigio de la política. Desde luego, son diversos los factores que provocan esta indeseable situación. Entre ellas citaré tres bien conocidos. El primero consiste en que se está produciendo un importante crecimiento de los procesos de concentración financiera, que promueven poderes económicos de carácter global y origen no democrático que desbordan los límites del Estado-Nación, escapan a su regulación y control, imponen su ley y gobiernan el proceso mundial sin que existan poderes d...
No creo que nadie discuta que estamos asistiendo desde hace tiempo a un intenso deterioro y a un peligroso desprestigio de la política. Desde luego, son diversos los factores que provocan esta indeseable situación. Entre ellas citaré tres bien conocidos. El primero consiste en que se está produciendo un importante crecimiento de los procesos de concentración financiera, que promueven poderes económicos de carácter global y origen no democrático que desbordan los límites del Estado-Nación, escapan a su regulación y control, imponen su ley y gobiernan el proceso mundial sin que existan poderes democráticos capaces de subordinarlos al interés general. El resultado de todo ello es la marginación de la política y una crisis profunda de la democracia. Nadie mejor que El Roto ha descrito tan lamentable situación cuando afirmaba en una viñeta publicada en este diario: "Si gobiernan los mercados, para qué queremos los Gobiernos".
El PP andaluz se opone a la política farmacéutica con los mismos argumentos que usa aquí el PSOE
El segundo factor que golpea con fuerza la credibilidad de la política es la corrupción. Siempre se ha sostenido que este fenómeno afecta solamente a una minoría y que la mayoría de los servidores públicos son gente honesta. Es posible -y muy deseable- que así sea. Pero reconocerán ustedes que los fenómenos de corrupción destapados en los últimos tiempos tales como los bien conocidos de la Costa del Sol, lo sucedido en las islas Baleares, el famoso 3% denunciado desde la solemnidad parlamentaria en Cataluña, la repetición de las elecciones en Madrid debido a la felonía de dos diputados convenientemente incentivados por las tramas inmobiliarias, la situación insostenible en las Diputaciones de Castellón y Alicante o la trama Gürtel, que pone en cuestión la limpieza de las finanzas del principal partido de la oposición, son algo más que datos anecdóticos o marginales. Por el contrario, son hechos de enorme gravedad que asfixian la democracia.
Pero a todo ello es conveniente destacar otro factor que afecta muy seriamente a la credibilidad de la política. Se trata de la incoherencia de las fuerzas políticas y de su irrefrenable tendencia, cada vez mas acusada, a defender una cosa y la contraria dependiendo de la posición que ocupen -Gobierno u oposición- y a asumir el todo vale, incluido el descrédito del sistema democrático, con tal de lograr la destrucción política y moral del adversario.
Un ejemplo paradigmático que ilustra perfectamente lo que acabo de decir lo constituye la llamada guerra de los medicamentos que enfrenta estos días a la Xunta y al Gobierno central. Como es bien conocido, la Xunta, con el fin de limitar el excesivo gasto farmacéutico, ha aprobado un catálogo de medicamentos en el que se decanta, dentro del recetario público, por las presentaciones más baratas de los mismos principios activos, lo que, como es obvio, no afecta a la eficacia terapéutica. La reacción del Gobierno central ante esta iniciativa ha consistido en un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que la medida de la Xunta invade las competencias del Ministerio de Sanidad, discrimina a los gallegos entre sí y con respecto al resto de los españoles y limita la capacidad de prescripción de los médicos. Simultáneamente, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, anuncia una medida similar a la adoptada por la Xunta, consistente en subastar mediante concurso público el suministro de fármacos a los laboratorios que ofrezcan el producto más barato con el objetivo de reducir el insostenible gasto en farmacia. Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular a través de su portavoz, Ana María Corredera, solicitó la comparecencia de la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, por considerar que tal medida invade las competencias del Ministerio, discrimina a los ciudadanos andaluces y limita la capacidad de prescripción de los facultativos. Y, aunque reconoce que la iniciativa de la Junta conlleva un gran ahorro en el gasto, advierte que semejante medida quiebra la equidad del Sistema Nacional de Salud.
Así pues, nos encontramos con que el Gobierno y el Partido Socialista critican con dureza en Galicia lo que ellos mismos realizan en Andalucía. Y el Partido Popular descalifica sin paliativos en Andalucía lo que defiende con entusiasmo en Galicia. Y, por si esto fuera poco, ambos utilizan en cada sitio contra el adversario exactamente los mismos argumentos. ¡Ver para creer! Lo que esto demuestra es que en nuestro país no existe ya un verdadero debate. El simplismo sectario ha sustituido al discurso político, los intereses de partido prevalecen siempre sobre el interés general, se han difuminado todos los límites morales, otrora infranqueables, y de las viejas reglas solo subsisten las de la selva. Así nos va.