El fin de la reforma agraria de 1984
El viernes pasado entró en vigor el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio que da carpetazo oficialmente a la reforma agraria que nació en el año 1984 y que supone la extinción del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara). A partir de ahora, se abre un plazo de un año para que todos los colonos que venían explotando las tierras opten a su compra y adquieran la condición de propietarios. El Gobierno andaluz pretende ingresar unos 75 millones por la venta de 19.851 hectáreas. Casi la mitad corresponde a más de un millar de colonos y cooperativas que fueron adjudicat...
El viernes pasado entró en vigor el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio que da carpetazo oficialmente a la reforma agraria que nació en el año 1984 y que supone la extinción del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara). A partir de ahora, se abre un plazo de un año para que todos los colonos que venían explotando las tierras opten a su compra y adquieran la condición de propietarios. El Gobierno andaluz pretende ingresar unos 75 millones por la venta de 19.851 hectáreas. Casi la mitad corresponde a más de un millar de colonos y cooperativas que fueron adjudicatarios de las explotaciones tras su expropiación o compra por parte del Iara, que ha venido ingresando unos tres millones anuales por el canon derivado de esos asentamientos.
La Consejería de Agricultura ha establecido condiciones ventajosas para que los actuales concesionarios puedan optar a la propiedad. Así, al valor de enajenación de estas tierras se le aplicará una reducción de hasta un 65% en función de criterios de antigüedad, generación de empleo, así como al esfuerzo inversor efectuado por los colonos. La norma prohíbe la venta, división o segregación de los terrenos durante 25 años, una medida introducida para evitar la especulación.
La Junta contempla la cesión a entidades públicas y privadas para fines agrarios y otros asociados al medio rural de las tierras, bienes y derechos del Iara que no han sido ocupados por terceros, concretamente 13 fincas con 5.320 hectáreas de suelo rústico y 240.000 metros cuadrados de suelo urbano. Con este decreto, Agricultura pretende también adquirir las tierras que ahora están infrautilizadas.