"Nunca voté, ni pertenecí al GIL"

El máximo imputado del caso Malaya, Juan Antonio Roca, continuó ayer desmarcándose del gilismo y atribuyendo la negociación de los convenios urbanísticos de Marbella (Málaga) al alcalde Jesús Gil, ya fallecido. "Yo nunca formé parte del GIL y nunca le voté", aseguró.

Roca, que ya respondió el lunes a las preguntas del fiscal, atendió a las cuestiones de los abogados del Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, personados como acusación. El macrojuicio por el que hay 95 personas sentadas en el banquillo se ha dividido en bloques y estudia en primer lugar un pelotazo urban...

El máximo imputado del caso Malaya, Juan Antonio Roca, continuó ayer desmarcándose del gilismo y atribuyendo la negociación de los convenios urbanísticos de Marbella (Málaga) al alcalde Jesús Gil, ya fallecido. "Yo nunca formé parte del GIL y nunca le voté", aseguró.

Roca, que ya respondió el lunes a las preguntas del fiscal, atendió a las cuestiones de los abogados del Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, personados como acusación. El macrojuicio por el que hay 95 personas sentadas en el banquillo se ha dividido en bloques y estudia en primer lugar un pelotazo urbanístico, bautizado Crucero Banús, en el que cuatro socios -entre ellos Roca- lograron una plusvalía de 6,3 millones de euros en apenas un año.

"Yo podía haber sacado una mejor compensación", dijo al tribunal

El supuesto cerebro de la trama corrupta mantuvo su tesis de que Jesús Gil negoció los detalles del convenio urbanístico con el ex edil gilista Pedro Román y que él se quedó al margen. El ex asesor insistió en que "el señor alcalde no firmaba nada" y que Julián Muñoz, entonces primer teniente de alcalde, se limitó a rubricar el convenio. "Muñoz acudía a firmar cuando le llamaban", detalló.

El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, cree que los otros tres socios -Román, el abogado Juan Hoffmann y el ex comisario Florencio San Agapito- aportaron el 15% que le correspondía a Roca en el negocio (742.000 euros) para conseguir un aumento de edificabilidad.

Entre 2001 y 2002, años en los que se cerró la operación, el ex asesor de urbanismo trabajaba en la oficina de planeamiento, encargada de los convenios. Roca insistió en que nadie le puso pegas para compaginar este cargo con sus negocios inmobiliarios: "Solicité un informe al Ayuntamiento y no se apreció incompatibilidad alguna", precisó.

El presidente del tribunal, José Godino, hizo un careo entre Roca, Román y Hoffman para preguntarles si realmente recibieron los cheques del ex asesor. Román dijo que no se acordaba del detalle, pero que "pagó hasta la última peseta".

Roca, el único de los 95 imputados que sigue en prisión porque está cumpliendo una condena de seis años de prisión por el caso Saqueo, demostró su habilidad para llevar los interrogatorios de las acusaciones a su campo y marcar el ritmo de la sesión. Citó folios y bridas con gran agilidad y pidió que se les mostrara a los abogados documentos, como informes policiales, que apoyaban sus explicaciones.

En octubre de 2002, los cuatro socios traspasaron la parcela al constructor granadino José Ávila Rojas, uno de los principales socios de Roca y también procesado. "Me enteré un día antes de que se le vendía el 90% de la sociedad (...) en aquella época no tenía negocios con él, sólo le conocía de verle por la oficina de planeamiento", justificó.

Una vez más aseguró que se mantuvo al margen de las negociaciones porque su participación era "inversora" y no "gestora". "Yo lo podía haber negociado y haber sacado una mejor compensación", dijo, "pero Román era el accionista mayoritario, tenía el 62%. Y los que tienen poder hacen y luego dan cuenta. Esto funciona así".

El ministerio público mantiene que Roca, para el que reclama 30 años de prisión, era el "jefe" de una "empresa criminal" que recibió al menos 33 millones de euros en sobornos de promotores que tenían intereses en Marbella, y que al mismo tiempo negoció en su provecho. Hoy está previsto que responda a las preguntas de su letrada.