Retrato trimestral
Analizando la ejecutoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se puede tener una idea relativamente precisa de lo que podría ser el Senado que necesita el Estado autonómico español para poder operar de manera razonablemente apropiada en tanto que fórmula de descentralización territorial del poder.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera no es un órgano constitucional, ya que la Constitución no es que no lo regule, sino que ni siquiera lo contempla. El consejo fue una creación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en 1980, es decir, en el momento en q...
Analizando la ejecutoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se puede tener una idea relativamente precisa de lo que podría ser el Senado que necesita el Estado autonómico español para poder operar de manera razonablemente apropiada en tanto que fórmula de descentralización territorial del poder.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera no es un órgano constitucional, ya que la Constitución no es que no lo regule, sino que ni siquiera lo contempla. El consejo fue una creación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en 1980, es decir, en el momento en que se estaban dando los primeros pasos en la construcción del Estado de las autonomías, sin que se tuviera todavía claro el diseño general de dicho Estado. Cuando todavía no estaba claro cuántas comunidades autónomas iban a constituirse y cuál iba a ser la naturaleza del derecho a la autonomía que cada una de ellas iba a poder ejercer, el legislador diseñó un consejo de naturaleza federal, en cuya composición se imita la decisión que tomó el constituyente de la ley fundamental de Bonn para la definición del Bundesrat, que está integrado por una representación de cada uno de los Gobiernos de los distintos länder. En el consejo español, cada comunidad autónoma está representada por su consejero o consejera de Economía y Hacienda y como contraparte de ellos figuran los ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.
El consejo es el instrumento mediante el cual las comunidades autónomas participan en cuanto tales en la formación de la voluntad general del Estado autonómico, es decir, la voluntad que afecta tanto al Estado como a cada una de las comunidades autónomas en el terreno de la financiación. Esta es la función que debe tener la segunda Cámara con carácter más general en todos los Estados políticamente descentralizados. La segunda Cámara es, debe ser, el punto de encuentro de las partes con el todo. Es el lugar en el que tiene que hacerse visible que las partes son partes de un todo. Con el Senado español esto no es posible.
En el consejo, de manera limitada, sí lo es. En el consejo se han adoptado algunas de las decisiones más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución, en la mayor parte de los casos por unanimidad y, cuando ello no ha sido posible, en un clima de ausencia de crispación, que contrasta vivamente con el que suele presidir la vida política española en las demás instituciones.
Esta misma semana hemos podido comprobarlo. En el mismo día en que el portavoz del PP se dedicaba a sembrar dudas sobre la respetabilidad de España, comparándola con Grecia e Irlanda, llegando incluso a decir que el Gobierno español podía estar mintiendo sobre las cuentas públicas, el consejo adoptó por unanimidad una medida de excepcional trascendencia en estos momentos, cual es la de que cada comunidad tendrá que retratarse trimestralmente con un criterio idéntico respecto a la evolución de sus cuentas públicas, con la finalidad de dar credibilidad mediante esta medida de transparencia al cumplimiento del objetivo de déficit.
Las instituciones federales, en contra de lo que se nos viene diciendo de manera interesada y sin ninguna evidencia empírica en la que basarse, son instrumentos de conciliación. Cuando se reúnen personas adecuadamente preparadas con responsabilidad a la hora de tomar decisiones se suelen alcanzar compromisos, que además de tener un alto grado de legitimidad suelen ser eficaces. El consejo lo viene demostrando de manera reiterada desde hace más de treinta años. Es casi la única instancia que opera de manera pacificadora en nuestro sistema político.