Un funcionario y un militar admiten ser 'narcos'
Daniel Meaño Cores, de Ribadumia y funcionario de la Diputación de Pontevedra; Javier González Bouzada, cabo de la Armada en Ferrol; y Javier Ferreiro Vázquez, guardia civil destinado en Galdácano (País Vasco), se sentaron ayer en el banquillo, acusados de integrar una banda de vendedores de cocaína que operaban desde Pontevedra y distribuían la droga en varias autonomías. Los dos primeros reconocieron ayer los cargos que les imputa la Fiscalía Antidroga ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra que les juzga por un delito contra la salud pública, mientras el guardia civil negó todos los ...
Daniel Meaño Cores, de Ribadumia y funcionario de la Diputación de Pontevedra; Javier González Bouzada, cabo de la Armada en Ferrol; y Javier Ferreiro Vázquez, guardia civil destinado en Galdácano (País Vasco), se sentaron ayer en el banquillo, acusados de integrar una banda de vendedores de cocaína que operaban desde Pontevedra y distribuían la droga en varias autonomías. Los dos primeros reconocieron ayer los cargos que les imputa la Fiscalía Antidroga ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra que les juzga por un delito contra la salud pública, mientras el guardia civil negó todos los cargos y se declaró inocente.
La conformidad de Meaño Cores y González Bouzada con el fiscal podría suponer una rebaja sustancial de la condena solicitada de 11 años y tres meses y multa de un millón de euros para cada uno. No así para Javier Ferreiro que en ningún momento admitió su culpabilidad.
Los tres fueron detenidos en abril de 2007, después de meses de investigaciones que permitieron controlar la entrega de cinco kilogramos de cocaína que iba a ser distribuida en el País Vasco con un valor en el mercado de 175.000 euros. Según la acusación, Daniel Meaño, de 31 años, operaba como presunto distribuidor en el tráfico de cocaína. En los registros que realizó la policía en su casa, se intervinieron 175.000 euros y una máquina de contar dinero.
Contratado por Louzán
Hasta el momento de su detención y desde 2005, Meaño Cores trabajaba como operario de fontanería del organismo provincial y en el complejo hospitalario Principe Felipe. Es primo de la esposa del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, que le contrató para desempeñar estos servicios hasta que tuvo que suspenderle de empleo y sueldo, a la espera de conocer el fallo de los tribunales. Los expedientes disciplinarios incoados al guardia civil y al cabo de la Armada también están paralizados a la espera de la sentencia judicial.
Las actividades de los detenidos en el narcotráfico fueron descubiertas a raíz de una redada policial en la que se detuvo a otras cinco personas, y que eran distribuidores de la cocaína que supuestamente suministraba Daniel Meaño. Se trata de Manuel Pérez Iglesias, Juan Antonio Iglesias Bouzón, Juan Antonio Núñez Iglesias, Francisco Javier Prado y Francisco Javier Tourís Santorun que también son juzgados en esta causa.