Cartas al director

Fraude fiscal

Este periódico, en sus páginas de Economía, publicó el 11 de agosto, en escueta nota, una noticia importante: "Cuatro de cada 10 españoles justifican el fraude fiscal".

Se entiende por presión fiscal la relación entre los ingresos tributarios totales de un país, incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social, y la renta nacional del mismo. Ciertas teorías, especialmente las neoliberales, aseguran que una elevada presión fiscal es nociva para el crecimiento económico de un país. La presión fiscal en España es 10 puntos porcentuales inferior a la de los países más avanzados socialmente...

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Este periódico, en sus páginas de Economía, publicó el 11 de agosto, en escueta nota, una noticia importante: "Cuatro de cada 10 españoles justifican el fraude fiscal".

Se entiende por presión fiscal la relación entre los ingresos tributarios totales de un país, incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social, y la renta nacional del mismo. Ciertas teorías, especialmente las neoliberales, aseguran que una elevada presión fiscal es nociva para el crecimiento económico de un país. La presión fiscal en España es 10 puntos porcentuales inferior a la de los países más avanzados socialmente. Huelga cualquier comparación o comentario.

Hay una relación directa entre el fraude fiscal y el grado de conciencia, también fiscal, de los ciudadanos. No es, pues, aventurado el afirmar que si el fraude ha aumentado, es que el grado de conciencia ha disminuido, lo que resulta preocupante ya que, a mi modo de ver, se produce más que un progreso un regreso; más que una evolución, una involución.

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El pago de impuestos no es una cuestión agradable ya que significa una detracción de los ingresos privados. La discusión sería en la vertiente de su adecuada distribución y riguroso control de los gastos públicos que con aquellos se financian. Al margen de una cuestión de ética social, no podemos soslayar el principio de justicia financiera que recoge, y no es una exhortación o consejo, sino un mandato recogido en el artículo 31.1 de nuestra Constitución.

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