105 detenidos al caer una amplia red de prostitución
Llevaban unos 15 años funcionando en la capital y se movían sobre todo en pisos de lujo del distrito de Chamartín. Ofrecían servicios de contactos y masajes en lugares discretos, vigilados y sin ningún cartel exterior. Se trata de una de las organizaciones de explotación de mujeres más grande de la capital, que ahora ha sido desarticulada por los investigadores de la Jefatura Superior de Policía de Madrid tras siete meses de trabajo.
En la llamada Operación Afrodita han sido detenidas 105 personas, de las que 10 ya han ingresado en prisión. Para ella trabajaban 350 mujeres que eran obli...
Llevaban unos 15 años funcionando en la capital y se movían sobre todo en pisos de lujo del distrito de Chamartín. Ofrecían servicios de contactos y masajes en lugares discretos, vigilados y sin ningún cartel exterior. Se trata de una de las organizaciones de explotación de mujeres más grande de la capital, que ahora ha sido desarticulada por los investigadores de la Jefatura Superior de Policía de Madrid tras siete meses de trabajo.
En la llamada Operación Afrodita han sido detenidas 105 personas, de las que 10 ya han ingresado en prisión. Para ella trabajaban 350 mujeres que eran obligadas a prostituirse. También se han registrado 36 inmuebles de forma simultánea y se han intervenido 15 empresas que eran utilizadas por la organización delictiva para blanquear el dinero de la organización. Esta cosechaba hasta 700.000 euros al mes.
Las prostitutas vivían hacinadas en pequeñas habitaciones
Los agentes entraron de manera simultánea en 36 pisos el lunes
Las investigaciones comenzaron en enero cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería comprobaron que había una serie de teléfonos que se repetían de forma constante en las páginas de contactos de determinados periódicos. Esta es la segunda operación contra la prostitución en este mes en la que las pesquisas comenzaron por anuncios en prensa, coincidiendo con la campaña del Ejecutivo central para prohibir este tipo de publicidad en los periódicos.Los agentes empezaron a localizar los pisos relacionados con los anuncios de contactos. En su mayoría se concentraban en los alrededores de la avenida de Ramón y Cajal. Al frente del entramado estaba el saudí nacionalizado español Kas Saleh A. K., que reside en Madrid desde 1999. Además de importantes posesiones en Marbella (Málaga), Kas Saleh es propietario de un enorme chalé en la zona de Puerta de Hierro, desde el que dirigía todas las operaciones.
Las mujeres explotadas por la red eran distribuidas por los diferentes pisos que tenía la organización, que contaba con una clarísima estructura piramidal. Además del jefe máximo, había un director general que se encargaba de las decisiones operativas y del control de todo el entramado. También había un director operativo que llevaba la gestión del personal y el trabajo en los pisos. Le seguían en la pirámide las encargadas de cada una de las viviendas, las telefonistas y recepcionistas con funciones de información, facturación y trato con clientes y prostitutas, además de personal de administración, facturación, publicidad y gastos corrientes, según informaron fuentes de la investigación. Todos ellos recibían el apoyo de personal auxiliar como trabajadores de mantenimiento, informática, seguridad y mensajería.
Las mujeres prostituidas residían en los pisos controladas por las responsables de cada vivienda. Permanecían hacinadas las 24 horas del día en pequeños cuartos interiores y con escasas condiciones de salubridad. El lujo que la organización ofrecía a los clientes contrastaba con las condiciones en las que vivían las prostitutas. Dormían en literas en un pequeño cuarto trastero junto a una salita repleta de taquillas y en la que había una televisión y unos sofás deteriorados. Era en esta estancia donde se cambiaban de ropa y esperaban que se les asignase cliente.
El precio del servicio no bajaba nunca de los 150 euros. La encargada de repartir los servicios era la mujer que vigilaba los pisos. Recibía las llamadas de los eventuales clientes y les indicaba el lugar al que debían dirigirse para el encuentro y los precios de los servicios. También les daba información de las mujeres. "Los encargados de la vigilancia las protegían a la vez que evitaban que nadie entrara ni se hiciera con la recaudación. Todos ellos estaban sin contrato de trabajo y en su mayoría eran extranjeros en situación irregular", explicó el responsable de las investigaciones, el inspector Miguel Ángel Gómez.
Las prostitutas tenían que depositar al final de su jornada el dinero que habían conseguido en la caja fuerte del establecimiento. Otra opción consistía en ingresar el dinero en las cuentas bancarias de la organización. Para conseguir clientes, la red también había contactado con recepcionistas de hoteles y taxistas a los que daba 50 euros por cada cliente que llevaban a sus centros. Los jefes también ofrecían los servicios de las mujeres para fiestas de lujo y encuentros de alto poder adquisitivo.
Las detenciones se produjeron de manera conjunta el pasado lunes bajo la supervisión del juzgado de instrucción número 30 de plaza de Castilla. Unos 150 agentes entraron simultáneamente en 36 pisos y domicilios, lo que permitió el arresto de los 105 integrantes de la organización. Las 350 mujeres que trabajaban para ellos eran de 13 nacionalidades distintas, en su mayoría de origen sudamericano. Ninguna se ha acogido a la posibilidad de conseguir la nacionalidad en caso de denunciar a la organización, según informó la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, que ayer dio los datos de la investigación junto con el jefe superior de Policía, Carlos Rubio.
La Operación Afrodita aún no ha terminado. Los especialistas de investigación patrimonial de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras estudiarán la documentación decomisada. Sobre todo, analizarán la trama de las 15 sociedades interpuestas que había en la organización para blanquear el dinero. La cúpula de la organización colocaba como administradores y apoderados de estas sociedades a telefonistas y encargados de los pisos. Los administradores cobraban unos 500 euros al mes, mientras que los apoderados tenían que conformarse con 200. Muchas veces desconocían el nombre de las empresas de las que eran titulares. "Todos los pisos han sido precintados y las cuentas bancarias de las sociedades y de los detenidos bloqueadas", explicó el inspector de la Comisaría General de Extranjería, José Manuel Pina.