Baltar: "Si hay alguna irregularidad en las contrataciones, ya la corregiremos"

El PSdeG denunció ayer a José Luis Baltar ante la Fiscalía provincial, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. Lo acusa de los delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y coacciones en relación con la contratación de cerca de 200 "enchufados" en los meses previos al congreso provincial del PP, en el que su hijo lo sucedió y se impuso al candidato de Rajoy y Feijóo.

Baltar se tomó con "absoluta tranquilidad" la actuación de los socialistas. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", señaló. Y acabó precisando: "Si hay alguna irreg...

El PSdeG denunció ayer a José Luis Baltar ante la Fiscalía provincial, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. Lo acusa de los delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y coacciones en relación con la contratación de cerca de 200 "enchufados" en los meses previos al congreso provincial del PP, en el que su hijo lo sucedió y se impuso al candidato de Rajoy y Feijóo.

Baltar se tomó con "absoluta tranquilidad" la actuación de los socialistas. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", señaló. Y acabó precisando: "Si hay alguna irregularidad en las contrataciones, ya la corregiremos". El presidente de la Diputación aseguró que había entregado a los socialistas "hace días" todos los "informes favorables" de la secretaría de la Diputación que le habían solicitado.

El PSdeG lo acusa de haber utilizado recursos públicos para ganar apoyos congresuales para su hijo, mediante la contratación en la Diputación de cerca de 200 personas -cuya lista aportan-, muchos de los cuales acudieron a votar al congreso que le dio la victoria a su vástago. Los hechos denunciados son, según los socialistas, constitutivos de varios delitos. Uno de malversación de fondos por contratar personal "sin una fiscalización previa por parte de la Intervención de la Diputación" y otro de prevaricación administrativa por no seguir el procedimiento de contratación laboral temporal -no acudió al Inem- y por negar información a los diputados de la oposición. El delito de tráfico de influencias que le imputan los socialistas está fundamentado en que "utilizó su cargo de presidente de la Diputación para contratar a personas vinculadas al PP".

El PSOE lo acusa también de un presunto delito de coacciones, subsidiario, por "negar reiteradamente" a los diputados el acceso a la documentación de la institución, con lo que "se les impide" ejercer sus funciones de control del gobierno provincial.