El PP tacha el concepto de salud sexual de "máscara del aborto"
El PP sigue avanzando en la tramitación de la ley que permitirá a grupos antiabortistas asesorar a mujeres embarazadas con cargo a fondos públicos. La Comisión de Sanidade del Parlamento autonómo aprobó ayer la propuesta con los votos del PP, tras un debate que derivó en enfrentamiento ideológico sobre el aborto y en el que la diputada Paula Prado descalificó el concepto de salud sexual y reproductiva que consagra la ley estatal y maneja la ONU desde 1995. "Es una máscara del aborto", sostuvo.
Desde la oposición, Ana Pontón (BNG) y Silvia Fraga (PSOE) incidieron en términos similares en...
El PP sigue avanzando en la tramitación de la ley que permitirá a grupos antiabortistas asesorar a mujeres embarazadas con cargo a fondos públicos. La Comisión de Sanidade del Parlamento autonómo aprobó ayer la propuesta con los votos del PP, tras un debate que derivó en enfrentamiento ideológico sobre el aborto y en el que la diputada Paula Prado descalificó el concepto de salud sexual y reproductiva que consagra la ley estatal y maneja la ONU desde 1995. "Es una máscara del aborto", sostuvo.
Desde la oposición, Ana Pontón (BNG) y Silvia Fraga (PSOE) incidieron en términos similares en los aspectos más polémicos de la ley, como que se mencione el "derecho a la vida en formación desde la concepción" en su exposición de motivos o se limite el papel de la Xunta a la "cooperación y el apoyo técnico" a la red de organizaciones privadas.
Prado dijo que la ley gallega no interferirá con la estatal -que el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional- sino que ofrecerá servicios extra. Pero acto seguido insistió en la defensa del derecho a la vida desde la fecundación. "La Constitución apuesta por la vida, y el PP, también", aseguró.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también aludió ayer a la ley de plazos. Dijo que la Xunta la aplicará pero criticó que se incluya "una nueva prestación" sanitaria sin ver su impacto en la organización de servicios y en los costes. Las interrupciones del embarazo se pueden hacer con cargo a la sanidad pública desde 1985.