Feijóo justifica la inspección en las sedes de Unións Agrarias

Igual que en campaña, cuando subía compungido al estrado para vender la regeneración democrática que dejaría atrás ya no los tiempos del bipartito, sino algunas prácticas de los Gobiernos de Fraga, ayer Alberto Núñez Feijóo volvió a pedir perdón "en nombre de la política". Lo hizo desdesde su atril de presidente de la Xunta.

Allí aludió a las acusaciones que lanzó este miércoles el líder de la oposición, Pachi Vázquez, quien vinculó a la Xunta con "el narcotráfico, la corrupción y el caciquismo". El dirigente socialista apoyó su acusación sobre los negocios y venta de empresas y concesi...

Igual que en campaña, cuando subía compungido al estrado para vender la regeneración democrática que dejaría atrás ya no los tiempos del bipartito, sino algunas prácticas de los Gobiernos de Fraga, ayer Alberto Núñez Feijóo volvió a pedir perdón "en nombre de la política". Lo hizo desdesde su atril de presidente de la Xunta.

Allí aludió a las acusaciones que lanzó este miércoles el líder de la oposición, Pachi Vázquez, quien vinculó a la Xunta con "el narcotráfico, la corrupción y el caciquismo". El dirigente socialista apoyó su acusación sobre los negocios y venta de empresas y concesiones que el jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal, ha realizado con testaferros de narcotraficantes. Feijóo se mostró indignado con esta "bochornosa forma de hacer política". Luego justificó el envío de inspectores a las sedes de Unións Agrarias y alegó que "lo había pedido la oposición".En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo lamentó que cada 15 días se produzca un "espectáculo bochornoso" en el hemiciclo y dijo en su descargo que él no elige las preguntas que la oposición plantea en la sesión de control al Gobierno. Que el portavoz y número tres de su partido, Antonio Rodríguez Miranda -quien acaba de devolver al Parlamento 11.000 euros en dietas irregulares- haya acusado, sin pruebas y sin acudir al juzgado, al PSOE de "sacar por la puerta de atrás de la Xunta" más de 600.000 euros "presuntamente para financiar campañas electorales", es para Feijóo un hecho irrelevante.

Y recurrió a un argumento sorprendente para legitimar la inspección que varios funcionarios de la Consellería de Traballo llevaron a cabo el martes en 13 sedes del sindicato Unións Agrarias. El presidente de la Xunta alegó que "los responsables" del departamento de Beatriz Mato no hicieron más que cumplir con los deseos de la oposición. Lo explicó de esta manera: "El PSOE se preguntó por qué las asociaciones que recibieron ayudas en otros años no son inspeccionadas este año. Es lo que hizo la consellería". Sucede que eso no fue lo que pidieron los socialistas, quienes alegaron que tan fraudulentas no podían ser las ayudas del bipartito, cuando el Gobierno de Feijóo ha renovado las subvenciones a 13 entidades.

Precisamente ayer el secretario general de Unións Agrarias acusó al PP de "llevar adelante una causa general contra este sindicato". Roberto García, indignado por las presuntas inspecciones de trabajo que el lunes irrumpieron en 13 sedes del sindicato sin dejar ninguna constancia por escrito, tildó la situación de "abuso de poder". "No se sabe dónde acaba la Xunta y dónde empieza el PP", dijo, antes de anunciar acciones legales. "Cuando sepamos contra quién, porque nadie se responsabiliza de la inspección", añadió. Según García, no existe ni una sola prueba de las acusaciones de los populares. Los conservadores solicitaron ayer a la Xunta las actas del atípico registro de las sedes agrarias.

Toda la preocupación que el presidente demostró en la supuesta "trama agraria" por el "buen uso de los fondos públicos" se disipó cuando llegó la pregunta por el contrato que el actual jefe territorial de Medio Ambiente en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, firmó en 2001 para adjudicarle un estudio a la empresa Special Events, de Correa y Pablo Crespo, epicentro de la trama Gürtel. Pese a que la Xunta de Fraga pagó por ese estudio que nunca apareció 156.000 euros, Feijóo no puso demasiado interés. Desvió la responsabilidad hacia el bipartito "que tuvo cuatro años para buscar el contrato". Obvió de paso que los papeles debían estar ya en la Administración de la que él fue vicepresidente a partir de 2003.

En cualquier caso, si el expediente apareciese -no hay noticia de que haya funcionarios rastreando la pista- Feijóo se comprometió a enviarlo al Parlamento. El caso del jefe territoral de la misma consellería en Pontevedra, que vendió tres empresas a testaferros de narcos, lo despejó diciendo que el informe de la consellería no está listo: "El funcionario está de vacaciones".