¿Qué opina Feijóo?
Es cada vez más notorio y evidente que el Partido Popular y determinados sectores de la derecha económica han desencadenado una dura campaña para desacreditar el Estado autonómico. Aprovechando la grave crisis económica y social que atraviesa el país, dichos sectores no tienen reparos en estigmatizar a las autonomías y atribuirles, contra toda evidencia, la responsabilidad del déficit público, presentando como alternativa las viejas recetas centralistas y activando el españolismo reactivo y primario que caracterizó a la derecha española durante buena parte del siglo pasado.
En tales cir...
Es cada vez más notorio y evidente que el Partido Popular y determinados sectores de la derecha económica han desencadenado una dura campaña para desacreditar el Estado autonómico. Aprovechando la grave crisis económica y social que atraviesa el país, dichos sectores no tienen reparos en estigmatizar a las autonomías y atribuirles, contra toda evidencia, la responsabilidad del déficit público, presentando como alternativa las viejas recetas centralistas y activando el españolismo reactivo y primario que caracterizó a la derecha española durante buena parte del siglo pasado.
En tales circunstancias, es imperativo que Núñez Feijóo, en su doble condición de presidente de la Xunta y de dirigente con altas cotas de responsabilidad en el PP y aspiraciones todavía más elevadas, explique cuál es su posición ante esta inaceptable ofensiva antiautonomista. Desde luego, como presidente de la primera institución gallega no puede seguir evadiendo sus responsabilidades, escondiéndose tras los malabarismos dialécticos, vacíos de contenido, a los que nos tiene tan acostumbrados. Además cada vez le será más difícil mantener su silencio cómplice, porque la campaña, lejos de ceder, incrementa cada día su intensidad. El pasado fin de semana, el PP, de la mano de José María Aznar -no podía ser de otro modo- dio un paso más en la dirección apuntada, al afirmar el ex presidente del Gobierno, con la esquemática rotundidad que le caracteriza, que "el Estado autonómico es políticamente inviable y financieramente insostenible". Nadie en la dirección del PP matizó sus palabras, y mucho menos las desautorizó. Feijóo, tampoco.
El presidente de la Xunta debe explicar su posición sobre la ofensiva antiautonomista del PP
No es la primera vez que el Partido Popular emprende una aventura política de tales características. Precisamente, en el último mandato de José María Aznar (2000-2004), el partido conservador puso en marcha una peligrosa estrategia política destinada a patrimonializar la Constitución -que por cierto Aznar no había votado- y utilizarla como arma arrojadiza contra sus adversarios políticos, alejándolo así del espíritu integrador con la que había sido concebida. El objetivo de aquella grosera operación política consistía, como ahora, en establecer un marco conceptual que las fuerzas políticas de izquierda no se atreviesen a traspasar, por miedo a los costes electorales que tal osadía pudiera conllevar. La finalidad última de aquel discurso, como ocurre ahora, no es otra que asfixiar el pluralismo político y subordinar al conjunto de las fuerzas democráticas a la estrategia política y electoral del PP.
Es cierto que la estructura del Estado no se resolvió en la Constitución y, por tanto, muestra un déficit de legitimidad de origen. Por eso la construcción del Estado autonómico ha sido, y sigue siendo, el producto de las mayorías parlamentarias existentes en cada momento, de los subsiguientes pactos políticos y de las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero esa legitimidad de origen del momento constituyente solo puede corregirse mediante una reforma constitucional. De lo contrario, el desarrollo del Estado -financiación incluida- seguirá al albur de los resultados electorales y de los acuerdos políticos que dichos resultados obliguen a realizar. Por esa razón, sólo la reforma de la Constitución puede encauzar este proceso y reconducir una indeseable deriva política. Una reforma que debe afectar tanto al Título VIII como al Título III (reforma del Senado) de la Constitución, que permita la participación de las autonomías en el diseño estratégico del Estado, tal como contempla el artículo 69 de nuestra Carta Magna, y tal como sucede en todos los países que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos.
Este sería, junto a la reforma del Estatuto de Autonomía, el modelo que interesa a Galicia frente a la dinámica de acuerdos exclusivamente bilaterales entre el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas. Porque, sobre todo, debemos comprender que si no cambia la estructura de la toma de decisiones, Galicia, que en el pasado jugó un relevante papel en el diseño del Estado, acabará en el rincón del olvido y sus intereses serán marginados.
Pero una cosa es plantearse todas estas cuestiones y otra muy diferente intentar involucionar, como pretende el PP, el proceso autonómico y desprestigiar el modelo de Estado que hemos construido y que ha funcionado razonablemente bien durante los últimos 30 años. ¿Por qué modelo se decanta el locuaz presidente de la Xunta? Esperamos su respuesta.