ACS impugna la junta de Iberdrola por vetar su acceso al Consejo
La eléctrica considera "estructural" el conflicto de competencia con el grupo
ACS, primer accionista de Iberdrola (12,7% de forma directa e indirecta), presentó ayer en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao la demanda de impugnación de la junta de la eléctrica que impidió la incorporación de un consejero del grupo al órgano de dirección de la eléctrica. ACS devuelve así el golpe a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, que también ha impugnado la junta del grupo constructor alegando que sus cuentas no reflejan la realidad. Una acción que ACS calificó de "grave daño a su prestigio".
ACS, asesorado por el bufete Clifford Chance, acompaña la demanda de impu...
ACS, primer accionista de Iberdrola (12,7% de forma directa e indirecta), presentó ayer en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao la demanda de impugnación de la junta de la eléctrica que impidió la incorporación de un consejero del grupo al órgano de dirección de la eléctrica. ACS devuelve así el golpe a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, que también ha impugnado la junta del grupo constructor alegando que sus cuentas no reflejan la realidad. Una acción que ACS calificó de "grave daño a su prestigio".
ACS, asesorado por el bufete Clifford Chance, acompaña la demanda de impugnación con seis informes periciales. Con ellos trata de demostrar, entre otras cosas, "que no existe conflicto de interés que justifique la exclusión de ACS del Consejo de Iberdrola". En concreto, el grupo que preside Florentino Pérez impugna dos acuerdos de la junta de Iberdrola: el que decidió el cese del consejero que había designado en la eléctrica (José María Loizaga) y el que redujo el número de miembros del Consejo de Administración de la compañía de 15 a 14.
Sánchez Galán pide al Gobierno que dé "estabilidad regulatoria"
Iberdrola salió una vez más al paso y calificó el conflicto que mantiene con ACS de "estructural y permanente". Fuentes de la eléctrica precisaron que allí donde ACS habla de "conflicto de intereses" Iberdrola lo hace de "conflicto de competencia". Lo primero, aseguran, puede solventarse mediante códigos de buen gobierno en la empresa. Lo segundo, por el contrario, choca con la Ley de Sociedades Anónimas según informes elaborados por PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez, Ramón y Cajal y Cortés Abogados.
Como en las peleas cuerpo a cuerpo no caben fintas improductivas, Iberdrola anunció que solicitará a ACS que se presente como un "accionista agrupado" durante todo el tiempo que dure el proceso de impugnación. Ello supondría que ACS tendría que agrupar y mantener el paquete de acciones sobre el que reclama el acceso al Consejo (el 6,67% como mínimo). Pero además, la eléctrica pedirá que "aglutine el número suficiente de acciones en función del nuevo capital social de la empresa y de la reducción a 14 del número de consejeros, dentro de las mejores prácticas de gobierno corporativo". Traducido: que en lugar del 6,67% de las acciones sobre las que solicitó entrar en el Consejo, agrupe el 7,14% necesario ahora para reclamar un sillón de los 14 de que consta ahora el órgano de administración de Iberdrola.
Peleas al margen, el presidente de Iberdrola y de Iberdrola Renovables, Sánchez Galán, pidió ayer al Gobierno que "dé señales de seguridad y estabilidad regulatoria" para atraer inversiones y evitar ser penalizados en los costes financieros. En su discurso en la junta de la compañía de renovables celebrada en Valencia, Sánchez Galán se mostró contrario a aplicar criterios de retroactividad en la reducción de las ayudas a las energías renovables. Eso sí, una vez más, cargó contra los apoyos prematuros a tecnologías que, como la solar fotovoltaica, están lejos de ser rentables. Iberdrola Renovables invertirá 9.000 millones de euros hasta 2012 y se centrará, explicó su presidente, en impulsar su crecimiento en Estados Unidos. A ese país destinará el 55% de las inversiones, un total de 4.900 millones de euros, mientras que Reino Unido recibirá 1.900 millones, el 21%.
España, por su parte, contará con inversiones de 1.000 millones -el 11%-. El resto, 1.200 millones -13%-, se repartirá entre países europeos y otros latinoamericanos, como México o Brasil, a medida que amplíen el número de megavatios renovables a instalar.