Iniciativa mejorable
El pasado miércoles el PSOE presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía, a fin de que Blas Infante sea nombrado presidente de honor de la Junta de Andalucía y que cada 5 de julio se conmemore su nacimiento con un acto institucional.
Se trata, sin duda, de una iniciativa interesante, al menos por dos motivos. Uno primero, obvio, porque, como dijo Adolfo Suárez en los comienzos de la Transición, se trataría de hacer legal lo que la sociedad tiene interiorizado como normal. La referencia a Blas Infante como padre de la autonomía andaluza es un lugar común en nuestra co...
El pasado miércoles el PSOE presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía, a fin de que Blas Infante sea nombrado presidente de honor de la Junta de Andalucía y que cada 5 de julio se conmemore su nacimiento con un acto institucional.
Se trata, sin duda, de una iniciativa interesante, al menos por dos motivos. Uno primero, obvio, porque, como dijo Adolfo Suárez en los comienzos de la Transición, se trataría de hacer legal lo que la sociedad tiene interiorizado como normal. La referencia a Blas Infante como padre de la autonomía andaluza es un lugar común en nuestra comunidad autónoma sin que dicha referencia genere el más mínimo rechazo. Cualquier niño o niña lo aprende en la escuela. Es positivo que lo que es así de facto, también lo sea de iure.
Pero también es interesante, porque desplazaría de la fecha de su muerte a la fecha de su nacimiento el momento de la conmemoración oficial de su contribución a la génesis de nuestra autonomía. Desde los momentos iniciales de la Transición Blas Infante es recordado cada año el 10 de agosto en el lugar de las cercanías de Sevilla en que fue fusilado. Nunca, que yo recuerde, se ha conmemorado el día de su nacimiento, que es lo que todos los andaluces deberíamos celebrar.
Ahora bien, dicha iniciativa no creo que debiera haber sido una iniciativa unilateral del PSOE, sino que debería haber sido una iniciativa conjunta de todos los grupos parlamentarios. Los símbolos deben ser compartidos de manera prácticamente unánime y la mejor manera de conseguirlo es que todos participen desde el primer momento en la propuesta. Pienso que habría que haber contado con el PA, a pesar de que ahora mismo sea un partido que no tiene representación en el Parlamento andaluz. Si fuera posible volver a poner en marcha la iniciativa de una manera unitaria, creo que valdría la pena hacerlo.
También considero que, en el caso de que la proposición no de ley prosperara y que finalmente el Parlamento de Andalucía adoptara la decisión de que Blas Infante fuera designado presidente de honor de la Junta de Andalucía y que el día de su nacimiento se celebrara un acto institucional de homenaje a su figura, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía deberían de poner en marcha el mecanismo que permitiera conseguir la declaración de nulidad de la sentencia del tribunal de responsabilidades políticas que le condenó a muerte en 1940.
Es obvio que el Parlamento de Andalucía no puede hacer nada en este terreno, pero la Junta de Andalucía en cuanto expresión político administrativa de la comunidad autónoma sí puede. No tiene ninguna lógica que se declare a un ciudadano presidente de honor y que no se pongan todos los medios necesarios para hacer desaparecer el simulacro de juicio al que fue sometido justamente por la conducta por la que ahora se le reconoce con ese nombramiento.
Entre el reconocimiento de Blas Infante como presidente de honor de la Junta de Andalucía y el simulacro de juicio al que fue sometido por el tribunal franquista de infausta memoria hay una conexión directa. Blas Infante ya había sido fusilado cuatro años antes de la sentencia que lo condenaba a muerte. La sentencia lo que venía era a fundamentar a posteriori un asesinato. Esa fundamentación es la que hay que hacer desaparecer. Y hacerla desaparecer de manera oficial. La proposición no de ley debería, en consecuencia, completarse instando al Gobierno de la Junta de Andalucía a que active el procedimiento que debe conducir a la declaración de nulidad de la "verdad judicial" que se estableció en el simulacro de juicio de 1940.