Unicaja retira al coordinador de la fusión ante otra treta de Cajasur

Unicaja decidió ayer "dejar en suspenso en el ejercicio de sus funciones" al coordinador del proceso de fusión con Cajasur, Manuel Azuaga, ante una nueva treta de la cúpula dirigente de la entidad cordobesa, controlada por la Iglesia católica.

El bloqueo de la integración de las dos cajas andaluzas es un hecho, aun cuando el reloj apremia y arrecian las presiones desde todos los ámbitos financieros para que se produzca una reestructuración en el sector. La situación es especialmente dramática además de sonrojante para los gestores de Cajasur. La caja, en un consejo ordinario celebrado l...

Unicaja decidió ayer "dejar en suspenso en el ejercicio de sus funciones" al coordinador del proceso de fusión con Cajasur, Manuel Azuaga, ante una nueva treta de la cúpula dirigente de la entidad cordobesa, controlada por la Iglesia católica.

El bloqueo de la integración de las dos cajas andaluzas es un hecho, aun cuando el reloj apremia y arrecian las presiones desde todos los ámbitos financieros para que se produzca una reestructuración en el sector. La situación es especialmente dramática además de sonrojante para los gestores de Cajasur. La caja, en un consejo ordinario celebrado la noche del miércoles, formuló (aprobó) las cuentas de 2009 con unos números rojos de 596 millones de euros. Estas pérdidas deben ser aprobadas también por la asamblea de la entidad antes del 30 de junio.

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El presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, intentó endosar esta situación ruinosa, derivada de años de gestión basados en la inversión sin control en el ladrillo y una festiva política de recursos humanos, al director general actual, Antonio Barral, quien accedió a este puesto por sugerencias del Banco de España y que siempre ha sido visto con suspicacias por los canónigos. Barral llegó al cargo en febrero de 2009, después de que hasta tres personas le precedieran en el puesto desde marzo de 2007.

La propuesta que hizo Gómez Sierra en el consejo de administración del jueves la tachó Comisiones Obreras como un "intento de eludir responsabilidad buscando una cabeza de turco" en el director general. Pero es que, además, no fue consultada ni autorizada por el coordinador de la fusión, Manuel Azuaga, quien se enteró horas antes del consejo de la maniobra del presidente de Cajasur, según fuentes de las cajas.

La propuesta de Gómez Sierra de fulminar a Barral, operación que una fuente del sector comparó ayer a la de "matar al mensajero", no fue suscrita por la mayoría del consejo, que entendía que la patética situación financiera de Cajasur viene de lejos. Al final, la víctima de esta maniobra fue la interventora, que fue destituida.

Ante esta situación, Unicaja ha decidido retirar temporalmente al coordinador de la fusión, según afirmaron fuentes de la caja. La entidad malagueña entiende que se ha violado y trasgredido el esquema de funcionamiento acordado por las dos cajas, bajo la supervisión del Banco de España.

Este plan de trabajo implicaba que Azuaga, responsable del área de Participadas de Unicaja, debe controlar todos los pasos de la integración y en caso de asuntos relevantes elevarlo a los dos presidentes. "En el régimen transitorio de funcionamiento se acordó que no se pueden tomar decisiones sin el conocimiento y el consentimiento de Unicaja y eso se ha incumplido", aseguraron fuentes de la entidad malagueña.

"El suspenso en el ejercicio de sus funciones" del coordinador, como técnicamente han llamado a la retirada de Azuaga, durará hasta después de la Semana Santa. A partir de entonces deberán aclararse dos aspectos, opinan fuentes de la negociación: dar un impulso definitivo a la fusión siguiendo el plan económico aprobado por los dos consejos de administración y alcanzar un pacto laboral que pasa por un ajuste de un millar de trabajadores. "Si el acuerdo laboral no permite la viabilidad del proyecto, pues tan amigos como siempre", advirtieron fuentes de la negociación. El Banco de España ya amenazó con la intervención a Cajasur en diciembre pasado y con el expediente a sus consejeros.

En este sentido, CC OO advirtió ayer que si este hecho se produce responsabilizará a los órganos de gobierno de la entidad cordobesa, a quien ha acusado de no hacer nada por defender a sus trabajadores. "Ignoramos si el Cabildo conoce el verdadero alcance que tendría una intervención, cuya única consecuencia positiva sería su propia destitución como responsables de la que sería una de las quiebras más sonadas de este país", apuntó CC OO en un comunicado.