Objetivo: la jubilación
La pensión de jubilación se ha convertido en el eje de la próxima reforma de pensiones. La bajada de ingresos provocada por la crisis es una realidad. Un sistema de reparto como el español vive de los trabajadores en activo y en el último año el descalabro del empleo ha provocado una gran caída en las aportaciones. Más aún, el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida auguran un futuro preocupante, con una importante "masa" de pensionistas sostenida por un mermado número de cotizantes. De ahí que, pese a las intenciones iniciales, el ejecutivo parece plantearse tocar uno de...
La pensión de jubilación se ha convertido en el eje de la próxima reforma de pensiones. La bajada de ingresos provocada por la crisis es una realidad. Un sistema de reparto como el español vive de los trabajadores en activo y en el último año el descalabro del empleo ha provocado una gran caída en las aportaciones. Más aún, el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida auguran un futuro preocupante, con una importante "masa" de pensionistas sostenida por un mermado número de cotizantes. De ahí que, pese a las intenciones iniciales, el ejecutivo parece plantearse tocar uno de sus temas "tabú": la edad de jubilación.
¿Cómo se calcula la pensión de jubilación? La cuantía se determina aplicando un porcentaje sobre la base reguladora. El porcentaje se fija en función de los años cotizados y la base reguladora, sobre las bases de cotización de los últimos 15 años. Se exige tener 65 años, pero hay numerosos supuestos de jubilación anticipada.
¿Cómo reducir entonces su coste? Una posibilidad es aumentar el periodo que se utiliza para calcular la base reguladora. Un aumento del periodo de cálculo supondría, para la mayoría de las pensiones, reducir su cuantía. Se ha especulado con incrementarlo hasta 20 años, aunque no se ha concretado todavía la propuesta.
Y por supuesto está el tema de la edad de jubilación, fijado ahora en los 65 años. Se pretende, por una parte, desincentivar las jubilaciones anticipadas. Y por otra, retrasar la edad legal de jubilación. Se trata de una solución ya adoptada en otros países, pero que tiene un alto coste popular. En España se ha planteado incrementarla paulatinamente hasta los 67 años.
El Gobierno ha calculado que cada año que se retrasase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; y cada año que se ampliase el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales.
Pero ¿es realmente necesario adoptar tales medidas para garantizar la viabilidad del sistema? ¿Se haya en peligro el Sistema Público de Pensiones? Los expertos no parecen ponerse de acuerdo. Una reforma con tanta trascendencia sólo debería producirse con el mayor consenso de las fuerzas políticas y sociales.