"Los ecologistas son maximalistas"

Protagonista indiscutible en el arranque de legislatura, Agustín Hernández (Madrid, 1961) confiesa entre bromas su comodidad con conflictos como los de las cajas o el decreto del gallego, que le apartan a un segundo plano donde se encuentra más a gusto. El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras defiende de las críticas el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Pregunta. El plan anula buena parte del suelo urbanizable de Sanxenxo. ¿No es una enmienda a la política urbanística de los ayuntamientos del PP?

Respuesta. Para nada. En primer lugar, es ...

Protagonista indiscutible en el arranque de legislatura, Agustín Hernández (Madrid, 1961) confiesa entre bromas su comodidad con conflictos como los de las cajas o el decreto del gallego, que le apartan a un segundo plano donde se encuentra más a gusto. El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras defiende de las críticas el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Pregunta. El plan anula buena parte del suelo urbanizable de Sanxenxo. ¿No es una enmienda a la política urbanística de los ayuntamientos del PP?

Respuesta. Para nada. En primer lugar, es una primera aproximación, y habrá que ver cómo está cada uno de esos suelos y su grado de tramitación. Sanxenxo es un ayuntamiento con mucho litoral, y por tanto tiene mucha superficie afectada. Pero no es una enmienda, sino una reflexión que haremos con la alcaldesa.

"Hay quien ve el paisaje como puramente bucólico, pero es algo más"

"Pediremos que se actualice el deslinde para legalizar núcleos costeros"

"Nos reuniremos con el PSdeG para llegar a un amplio acuerdo territorial"

"Vigo no tiene la voluntad de solucionar su saneamiento"

P. Los ecologistas critican que el POL permita autorizar spas o industrias en zonas protegidas.

R. Hay gente que ve el paisaje como una cuestión puramente bucólica, pero el paisaje es algo más que un sitio bonito. Hay que ordenarlo, y es lo que hace el plan. La postura de los ecologistas es una cuestión maximalista, sobre todo porque es un documento inicial, y por lo tanto hay que sentarse con las organizaciones para escuchar sus planteamientos. Pero lo que tenemos claro es que la costa hay que ordenarla y que ordenar no es prohibir. Hay muchas actividades que se pueden hacer, pero inteligentemente y respetando el medio ambiente.

P. En las zonas de protección intermedia, las de mejora, se permiten desarrollos urbanísticos con ciertas condiciones. ¿No son criterios muy flexibles?

R. Nosotros queremos objetivar esas cuestiones, y precisamente ése es uno de los objetivos del plan del litoral: evitar la subjetividad y la actuación discrecional de un determinado responsable temporal de una determinada unidad administrativa de la Xunta.

P. Inicialmente, el presidente dijo que el POL estaría aprobado en seis meses. Ahora, que en diciembre. Llevan camino de ser tan prisioneros de los plazos como lo fue el bipartito.

R. Bueno, dijimos que tendríamos el plan en diciembre y lo tuvimos en diciembre...

P. En su discurso de investidura, Feijóo habló de aprobación, no de presentación.

R. (Sonríe). Bueno, el documento tiene una tramitación y esa tramitación debe respetar plazos legales. Considero que los estamos cumpliendo. Y por supuesto que estoy comprometido con el plazo que hemos dado, y que este año esté aprobado definitivamente.

P. Cuando se dice que una cosa es prohibir y otra ordenar, a veces se olvida que la prohibición de los 500 metros la hizo suya este Gobierno en mayo de 2009.

R. Prorrogamos esa medida porque creímos que era la que daba más seguridad jurídica, ordenaba una situación que existía y que no tenía otra salida en ese momento. El Gobierno anterior nos dejó una propuesta encima de la mesa para levantar la paralización, y nosotros, analizando ese tema, tuvimos la certeza de que no se podía porque no había datos suficientes. Los datos se van a tener en un par de meses, cuando concluyamos la fase de audiencia, y entonces levantaremos gradualmente la paralización, con la certeza de que en los puntos en los que se levanta ya no se van a producir desarrollos que puedan hipotecar nuestro diseño del litoral.

P. Y las Directrices de Ordenación del Territorio, ¿entrarán en vigor antes, al mismo tiempo o después que el Plan del Litoral?

R. Nos hemos encontrado con una parte de la tramitación ambiental que podía generar inseguridad jurídica, y tuvimos que retrotraer el expediente al documento de inicio. Es la única razón del retraso. Lo importante es que el plan y las directrices sigan la misma filosofía, y el plan va a ser congruente con las directrices. Pero las directrices serán muy parecidas a las que tramitó el bipartito. Y se llevarán al Consello de la Xunta esperamos que en octubre o noviembre de este año.

P. ¿Se va a negociar con el ministerio la legalización de los núcleos costeros tradicionales?

R. Estamos abiertos a hacerlo, y lo más eficiente sería con una modificación de la Ley de Costas. Pero el ministerio no quiere abrir ese debate, porque puede generar problemas en otras comunidades. La vía puede ser a través de una actualización del deslinde, como planteó Costas.

P. ¿Aceptará una negociación conjunta de los proyectos territoriales, como reclama el PSdeG?

R. Tendremos una reunión con el Grupo Socialista y le plantearemos nuestra ambición de poder llegar a un amplio acuerdo sobre directrices, plan del litoral y ley del suelo, que nace de una posición unánime de la Fegamp, y que creo que el PSOE debería aprobar. Con independencia de que a medio plazo o a mitad de la legislatura se establezca un órgano de análisis para una ley del suelo más sencilla, más clara y que permita facilitar la gestión urbanística, que es el gran problema de Galicia.

P. El PSdeG parece dispuesto a apoyar la nueva ley del suelo.

R. Quiero pensar que es por convicción, no por presión de sus alcaldes. Y tampoco se puede pensar que el alcalde es el enemigo del urbanismo de la Xunta. El primer representante de los ciudadanos es el ayuntamiento.

P. Pero la Administración local es también la más sensible a la corrupción urbanística.

R. Bueno, yo creo que lo que hay que intentar es transparentar cualquier actuación, ya sea autonómica o local. Y con acciones claras se evita toda intención que vaya contra el interés general.

P. La ley se propone frenar la dispersión. Hay quien opina que logrará justo lo contrario.

R. La ley actual establece unos perímetros que en algunas zonas son inservibles, porque son hacia una zona de montaña, y en otras son escasos. Seremos más realistas. Y hacia donde hay densidad, se plantea incrementarla para macizar los núcleos y generar núcleos más consolidados.

P. La licitación de la consellería está cayendo en picado.

R. Hay que buscar comparaciones homogéneas. La consellería licitó un porcentaje muy superior en sus nueve primeros meses de gestión que en el mismo período de la anterior legislatura. Hubo una reorganización del gasto y el pago de deudas del Gobierno anterior, pero esta consellería, la más inversora, aumentó su licitación sustancialmente si se compara con el período equiparable, el anterior cambio de Gobierno.

P. También habrá un recorte importante en Fomento. El AVE parece a salvo, pero ¿qué pasará con todo lo demás?

R. El ministro reconoció que iba a tener un serio problema para reconducir las inversiones mediante concesiones o diferir el pago con mecanismos que permita la Ley de Contratos. Estamos esperanzados porque hay buena disposición, pero también nos adelantó que el recorte va a ser fuerte.

P. ¿Cómo pueden afectar en concreto estos recortes a la conexión con Oporto?

R. El ministro nos manifestó que es muy importante que Portugal vislumbre voluntad inequívoca de España para hacer esa conexión. Y acordamos aunar, a través de la Xunta, a los ayuntamientos para cerrar un trazado, y si eso se consigue, el ministro licitará la redacción de proyectos en 2010. Con un objetivo realista: iniciar las obras en 2012, para establecer un horizonte razonable de finalización en 2015. Con la ventaja de que el ministro vio con buenos ojos la posibilidad de firmar de un acuerdo similar al del Obradoiro con el Gobierno portugués.

P. ¿Le pone plazo al acuerdo de la depuradora de Vigo?

R. Nosotros llegamos al Gobierno, se nos dejó un convenio encima de la mesa, la Xunta vio que era imposible hacer frente a esas aportaciones y pedimos al ministerio que se nos dejara aportar el dinero de manera diferida, incluyendo los intereses. El ministerio accedió, y el resto de cuestiones no nos competen. La Xunta ha cumplido su papel, tiene su dinero reservado. A partir de ahí, debe ser el ayuntamiento el que acredite su parte. Estamos preocupados, porque la Xunta sí que tiene la voluntad inequívoca de solucionar el saneamiento de Vigo. Lamentablemente, tenemos que pensar que el Ayuntamiento de Vigo no tiene esa voluntad. Porque, hombre, resulta lamentable que el ayuntamiento discuta una aportación de 10 millones en una obra que vale más de 120.