Columna

Carta abierta al presidente Camps

La decisión tomada por su Gobierno de continuar con los derribos en el barrio El Cabanyal no tiene precedentes. El Consell ha empuñado de nuevo su mayoría absoluta para eludir cualquier escrúpulo ético y legal en la toma democrática de decisiones y, para sorpresa de la ciudadanía, lo ha hecho incurriendo en una contradicción política mayúscula, vergonzante. Su decisión por decretazo de continuar con la prolongación al mar de la avenida de Blasco Ibáñez abre, en realidad, una alarmante vía de agua en las instituciones, pues desoye a las máximas voces del derecho: por una parte al ministerio -la...

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La decisión tomada por su Gobierno de continuar con los derribos en el barrio El Cabanyal no tiene precedentes. El Consell ha empuñado de nuevo su mayoría absoluta para eludir cualquier escrúpulo ético y legal en la toma democrática de decisiones y, para sorpresa de la ciudadanía, lo ha hecho incurriendo en una contradicción política mayúscula, vergonzante. Su decisión por decretazo de continuar con la prolongación al mar de la avenida de Blasco Ibáñez abre, en realidad, una alarmante vía de agua en las instituciones, pues desoye a las máximas voces del derecho: por una parte al ministerio -la voz superior que le conmina a paralizar los derribos- y, por otra parte, a la propia voz de los valencianos, representada por el único decreto que protegía al barrio desde 1993 y que su Gobierno ha necesitado tumbar, pisoteando su propia legalidad.

Señor Camps: la corta distancia que media entre Blasco Ibáñez y El Cabanyal-Canyamelar -esa que sus excavadoras pretenden allanar derribando un barrio- simboliza mucho más que la memoria histórica de un pueblo o los derechos consuetudinarios de unos vecinos... Destruyendo uno de los centros históricos más importantes de Valencia, una franja de ciudad, usted arrambla con la separación de poderes que asegura el correcto funcionamiento de la democracia. El Gobierno valenciano, su Gobierno, recurre a la estrategia ramplona del atajo pseudo-legal para aplicar in extremis una decisión unilateral. Al dejar de existir Bien de Interés Cultural -¿verdad?- deja de existir el expolio. Y todo ello a pesar de que no tiene ningún informe de ninguna institución que avale la descatalogación de El Cabanyal como zona BIC.

Lo cierto es que no se lo cree ni usted, presidente, y lo peor: ya nadie le cree. Con decisiones así, sembradas de despropósitos políticos y jurídicos, usted se inclina ante los intereses de las constructoras haciendo gala de su debilidad y de su desapego a nuestra historia y a nuestro patrimonio. No necesita más Gürtel para evidenciar que, en el Cap i Casal, el emperador va desnudo.

Marga Sanz es coordinadora de EUPV y portavoz en las Cortes Valencianas.

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