La paralización del relleno de Vigo durará al menos un mes
Las diligencias determinarán si existe delito ecológico
El juzgado de Vigo que ordenó la paralización cautelar de las obras de ampliación del puerto no resolverá antes de un mes el recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado contra dicha paralización, según fuentes jurídicas. En caso de que la respuesta a este recurso fuera negativa y se convirtiera en apelación ante la Audiencia Provincial, nadie aventura ningún plazo de solución, que en cualquier caso se aleja de las pretensiones de que sea tramitada "con igual celeridad" (10 días)que el auto de paralización, como han pedido la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Por...
El juzgado de Vigo que ordenó la paralización cautelar de las obras de ampliación del puerto no resolverá antes de un mes el recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado contra dicha paralización, según fuentes jurídicas. En caso de que la respuesta a este recurso fuera negativa y se convirtiera en apelación ante la Audiencia Provincial, nadie aventura ningún plazo de solución, que en cualquier caso se aleja de las pretensiones de que sea tramitada "con igual celeridad" (10 días)que el auto de paralización, como han pedido la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, y los empresarios.
En el recurso presentado ayer, nada apunta a "la mucha información que falta y que deben tener la fiscalía y el juzgado, de cuestiones muy relevantes, para que sus criterios cambien", como anunció Porro el pasado viernes. El recurso, según un prontuario con sus argumentos remitido desde la Autoridad Portuaria, señala que el dictamen de la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental que estimó innecesario el informe de impacto ambiental de la obra es un "puro acto de trámite" del que no puede derivarse prevaricación.
El resto de los argumentos trata de demostrar la innecesariedad de dicho informe, ya que tampoco se requirió en el proyecto de 2002, de mayor impacto.
Las diligencias tratarán de determinar ahora si hay delito ecológico y, si es así, a qué responsables imputárselo. La red ecologista A Ría non se Vende trasladó ayer mismo su querella contra el consejo de administración de la Autoridad Portuaria personándose en la mismas diligencias.
El BNG, que no se niega a la ampliación del puerto, según el teniente de alcalde, Santiago Domínguez, desoyó explícitamente el llamamiento de los empresarios a la unidad de las fuerzas políticas contra la paralización: "Que se ponga el plan de usos sobre la mesa, como pedimos desde hace años", requirió.