Sedesa y Enrique Ortiz anuncian acciones legales contra el PSPV

La carga de profundidad que lanzó el PSPV al formular el lunes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra Francisco Camps, varios responsables del PP de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat, y cinco empresas constructoras por la supuesta comisión de los delitos de financiación irregular y varios otros, ha provocado una sacudida en el círculo más próximo al presidente de la Generalitat y entre algunas de las empresas contra las que los socialistas presentaron la querella.

La respuesta de las empresas implicadas en la denuncia del P...

La carga de profundidad que lanzó el PSPV al formular el lunes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra Francisco Camps, varios responsables del PP de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat, y cinco empresas constructoras por la supuesta comisión de los delitos de financiación irregular y varios otros, ha provocado una sacudida en el círculo más próximo al presidente de la Generalitat y entre algunas de las empresas contra las que los socialistas presentaron la querella.

La respuesta de las empresas implicadas en la denuncia del PSPV no ha sido, de entrada, idéntica, toda vez que registra diversas gradaciones, incluso entre las que han anunciado acciones legales. Sedesa fue la más contundente al anunciar ayer que "procederá a ejercitar acciones civiles y penales contra los firmantes de la querella".

Fuentes de la patronal reconocen la existencia de presiones del Consell

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"Hemos considerado interesante reaccionar de inmediato", comentó ayer una fuente de Sedesa, empresa que preside Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell y consejero de Agua, Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino.

El propio Juan Cotino negó ayer en Castellón cualquier relación con la querella que anuncia la empresa de su sobrino. "Pregúntele a Sedesa", contestó a los periodistas, informa María Fabra.

La respuesta de Enrique Ortiz fue más comedida. El empresario alicantino, a través de un comunicado, se limitó a señalar que había solicitado a sus servicios jurídicos el inicio de las oportunas acciones judiciales, sin concretar cuáles iban a ser éstas.

Lubasa se movió en un terreno mucho más indefinido. De un lado dijo que, de momento, no tenía prevista ninguna acción legal hasta que el TSJ no se pronuncie; pero no descartó que en el futuro pudiera iniciar algún tipo de acción contra los socialistas.

El malestar entre el mundo empresarial es patente tras la presentación de la querella contra dirigentes del PP y destacadas empresas relacionadas con el caso Gürtel. Pero la tensión no ha supuesto el punto de ruptura con el empresariado valenciano, que aún sigue reconociendo a Jorge Alarte como un interlocutor válido.

Cierval, la patronal autonómica, se ha limitado a defender la honorabilidad del empresariado valenciano y a rechazar que se ponga en duda al sector de la construcción, o a cualquier otro, a raíz del informe policial en el que el PSPV ha basado su querella.

Pese a que los anuncios de acciones legales contra el PSPV aparezcan como iniciativas propias, fuentes del sector empresarial reconocen que han existido presiones desde el Consell para que se diera una respuesta a la querella presentada por los socialistas.La nota difundida ayer por la constructora Sedesa sostiene que "las falsas acusaciones vertidas contra esta empresa dañan gravemente su imagen y la de sus trabajadores" y apunta que la mercantil "no permitirá que se cuestione su honorabilidad".

Una fuente de Lubasa también avanzó que la constructora de Castellón "no descarta ningún tipo de acción legal para restaurar la honorabilidad de la compañía", pero de momento no se moverá. Ningún portavoz de las otras dos constructoras citadas en la querella presentada por los socialistas, Facsa y Piaf, atendió los requerimientos de este diario. Estas empresas no anunciaron ninguna acción penal por el momento.

Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas y protagonista de la querella formulada por los socialistas ante el TSJCV, acusó abiertamente al PP de la Comunidad Valenciana de estar "presionando a las empresas y las cúpulas de las patronales" para que "ataquen" a los socialistas. "Nosotros no hemos atacado al empresariado", comentó Luna en los pasillos de las Cortes. Ante la inmediata reacción de Sedesa, añadió: "Quizá debería haberlo pensado un poco antes de ser el primero que sale a acusar no sabemos muy bien de qué".

Ni a quién, porque el informe que sustenta la querella está elaborado por la brigada contra el blanqueo de capitales de la Policía Nacional.

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, transmitió un mensaje de "tranquilidad, serenidad y confianza a los empresarios de Alicante, Castellón y Valencia" durante una visita al Pilar de la Horadada, pero fue directo a la yugular del presidente de la Generalitat: "Francisco Camps usa de trinchera a los empresarios para ocultar su realidad, sus vergüenzas y sus problemas", dijo Alarte.

Los máximos responsables patronales valencianos participaron ayer en una reunión del comité ejecutivo de CEOE en Madrid y negaron haber recibido cualquier presión de ningún miembro del Consell. Pero otras fuentes patronales deslizan que el propio Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, ha extendido entre la clase empresarial la necesidad de reaccionar ante una querella que, según su versión, les pone en la picota.

Los máximos responsables patronales valencianos remitieron al comunicado que difundió Cierval hace unos días, donde rechazaron que se extiendan sospechas de forma generalizada sobre ningún sector pero también apuntaron que cada uno es responsable de sus actos.

El Ayuntamiento de Gandia desactivó un segundo frente de confusión impulsado por el PP de la Comunidad Valenciana en torno a las supuestas contrataciones irregulares de la corporación municipal con empresas relacionadas con la trama corrupta Pretoria destapada en torno al alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, que fue detenido hace dos semanas por orden del juez Baltasar Garzón.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gandia concluyó ayer que el procedimiento administrativo de contratación y adjudicación de las obras de la piscina municipal del Grau y la residencia de estudiantes del campus fue "transparente", "impecable", y "ajustado al ordenamiento jurídico", informa Eva Batalla. El PP, en la oposición, había denunciado que ambas obras habían estado participadas por la empresa Proinosa, vinculada a la trama corrupta Pretoria.

El PSPV y Plataforma de Gandia desde el gobierno, y el Bloc, en la oposición, aceptaron las explicaciones ofrecidas por los técnicos municipales en la comisión, y coincidieron en dar carpetazo el asunto. Estas tres formaciones cuestionaron además las "dudas interesadas" sembradas por el PP sobre estas contrataciones, y le instaron a "ir a los tribunales" si mantiene sus acusaciones. El portavoz del PP, Arturo Torró, volvió a pedir ayer la convocatoria de una comisión de investigación.

No existe un plazo legal establecido para que el TSJCV se pronuncie sobre la admisión a trámite, o no, de la querella formulada el lunes por los socialistas. La denuncia implica por primera vez al que fuera director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García; y a la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.